• PROTESTA • Frente a la casa de Gonzalo Sánchez de Lozada en Maryland, EEUU, un grupo de bolivianos exige su retorno a Bolivia, entre ellos Rogelio Mayta (c) y Óscar Olivera (der).

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De ahí a la fecha el país cambió tres presidentes, eligió prefectos por voto directo, estuvo al borde del colapso político e instaló la ansiada Asamblea Constituyente, pero Sánchez de Lozada continúa viviendo en Estados Unidos sin que la justicia boliviana pueda ponerle la mano encima, debido a temas procedimentales que dependen de las autoridades estadounidenses.

Inmediatamente le sucedió en el cargo, Carlos Mesa se comprometió a indemnizar a los familiares de las víctimas y les prometió que haría justicia, pero no logró avanzar en la extradición.

El 20 de octubre del 2003, el Ministerio Público designó a los fiscales Jimmy Pareja, Fernando Cortez y Marco Antonio Nina para iniciar la investigación.

Según Milton Mendoza, uno de los fiscales que actualmente lleva el caso, el proceso se dividió en dos etapas. El entonces fiscal general de la República, Óscar Crespo, “decidió dividir el caso en un proceso para juicio de responsabilidades, a través de la reposición acusatoria contra el ex presidente, y un proceso ordinario a cargo de la comisión de los fiscales Pareja, Cortez y Nina”.

Los tres fiscales presentaron el resultado de sus investigaciones luego de ocho meses. “En junio del 2004 emitieron la resolución de rechazo a las imputaciones, pues según ellos los gobernantes no cometieron delito. Para hacer esa afirmación se apoyaron en el Decreto de Amnistía firmado por el entonces presidente Mesa, que liberaba de culpa a los líderes de los movimientos sociales que también habían sido imputados”.

La fiscal de Distrito en turno, Audalia Zurita, y el fiscal general, César Suárez, revocaron la resolución. De esa manera comenzó la segunda etapa, en la que se designaron nuevos fiscales para llevar el caso.

María Luisa Tórrez, Jaqueline Bustillos y Mirko Borda fueron designados fiscales responsables del proceso ordinario, y César Suárez del juicio de responsabilidades.

El 27 de noviembre del 2004, el Congreso autorizó a la Fiscalía el inicio del juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada y su gabinete. Sólo entonces, más de un año después de la guerra del gas, comenzó la investigación.

Los fiscales Tórrez, Bustillos y Borda concluyeron sus investigaciones en diciembre, determinando nuevamente el rechazo por falta de pruebas. Remitieron los antecedentes a la Suprema.

El 17 de diciembre del 2004, Pedro Gareca asumió la Fiscalía General y en febrero del 2005 —según el fiscal Mendoza— trató de imputar a varios ministros del MNR bajo la calificación de violación, lo cual fue cuestionado por la Corte Suprema, ya que la calificación penal debía ser de genocidio.

A fines de abril del 2005, Gareca agrupó a una nueva comisión de fiscales: Ramiro López, Saúl Rosales, Mirna Arancibia y Milton Mendoza.

El 17 de mayo, estas autoridades presentaron una imputación contra los ministros Yerko Kukoc, Mirtha Quevedo, Jorge Torres, Dante Pino, Erick Reyes Villa, Hugo Carvajal, Adalberto Kuajara, Guillermo Justiniano y Guido Áñez. En diciembre, la Fiscalía impuso medidas cautelares para los ex ministros, determinando arraigos.

Previamente, en abril de ese año, la Suprema autorizó la notificación, a través de un exhorto suplicatorio, a Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague, aún en EEUU. El trámite fue concluido el 22 de junio por el embajador Jaime Aparicio, con la entrega de documentos traducidos al Departamento de Estado en Washington.

El 16 de agosto del 2005, la Suprema emitió un auto supremo determinando el levantamiento del secreto militar, lo que permitió abrir la investigación sobre la participación militar en octubre.

El fiscal Mendoza admitió que “aún no se ha conseguido obtener de esas instancias (militares) toda la información requerida, aunque en abril del 2006 se logró la imputación contra tres ex altos jefes militares: Juan Véliz Herrera, comandante del Ejército; Luis Aranda, comandante de la Fuerza Naval, y José Quiroga, comandante de la Fuerza Aérea. Dos ex comandantes en jefe también fueron imputados: los generales Roberto Claros y Gonzalo Rocabado”.

Mientras, Goni y sus ministros continúan en EEUU buscando el trato de refugiados políticos, aunque según Rogelio Mayta, abogado del comité impulsor del juicio a Sánchez de Lozada, “el 11 de septiembre la Fiscalía ordenó la captura de Sánchez de Lozada por medio de Interpol”.

PROCESO

Octubre del 2003 • El Ministerio Público designa a los fiscales Jimmy Pareja, Fernando Cortez y Marco Antonio Nina para que atiendan el denominado caso “Octubre negro”.

Junio del 2004 • Los tres fiscales rechazan las imputaciones, por no encontrar delito. Audalia Zurita, fiscal de Distrito de La Paz, deriva el caso a los fiscales María Luisa Tórrez, Jaqueline Bustillos y Mirko Borda.

Noviembre del 2004 • El Congreso Nacional notifica a la Fiscalía la autorización para el inicio del proceso de responsabilidades contra Sánchez de Lozada y sus ministros.

Diciembre del 2004 • Los tres fiscales presentan un segundo rechazo a la imputación por falta de pruebas y remiten los antecedentes a la Suprema. Pedro Gareca asume la Fiscalía General (renunció el 28-9-2005).

Febrero del 2005 • Gareca intenta imputar a los ministros movimientistas, pero no lo consigue y designa a los fiscales Mirna Arancibia, Saúl Rosales, Ramiro López y Milton Miranda para continuar con el caso.

Abril del 2005 • La Corte Suprema de Justicia autoriza la notificación de Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague a través de un exhorto suplicatorio. Dichos papeles se entregan al Departamento de Estado de EEUU.

Agosto del 2005 • Se levanta el secreto militar para este caso y los fiscales inician la investigación sobre la participación de las instancias militares en los enfrentamientos.

Abril del 2006 • Tres comandantes de instancias castrenses y dos comandantes en jefe son imputados por la justicia.

Septiembre del 2006 • La Fiscalía determinó la orden de captura de Sánchez de Lozada por Interpol. Ésta se hará legal el 27 de octubre. El ex fiscal general Pedro Gareca la aprueba.