El Gobierno impulsa una ley y ofrece ayuda a El Alto Anuncio • El Vicepresidente pidió al Congreso que acelere la aprobación de la norma que resarcirá a las víctimas de octubre del 2003.
PAQUETE PARA EL ALTO • García Linera realizó anoche dos anuncios relacionados a octubre y a Aguas del Illimani.
El vicepresidente y presidente del Congreso, Álvaro García Linera, exhortó al Parlamento “a tratar lo más pronto posible” la ley para el resarcimiento a las víctimas de octubre del 2003. A la vez, reafirmó el anuncio del presidente Evo Morales del paquete de medidas que beneficiará a El Alto.
Antes de hacer su pedido y anunciar las medidas, dio el pésame a la familia Marca Ruiz, que el sábado perdió al hijo y hermano mayor Raúl, de 27 años.
Raúl fue herido de bala en el abdomen el 2003, cuando se produjo la ‘guerra del gas’ y murió hace tres días tras sufrir un estado de depresión que lo llevó a ingerir órganos fosforados. Él mantenía a su familia y desde el 2003 no podía conseguir trabajo.
En conferencia de prensa realizada en el Palacio de Gobierno, García Linera recordó las medidas que determinó respecto al tema el presidente Evo Morales. La primera es la obtención de 25 millones de dólares para la instalación de gas domiciliario en El Alto.
12,5 millones de dólares serán destinados a la instalación directa de gas domiciliario y otros 12,5 millones se utilizarán para ampliar de 93.000 viviendas que tienen actualmente el servicio a 120.000 domicilios (27.000 más).
“Se está garantizando que en poco tiempo El Alto obtenga los beneficios (de la instalación del gas domiciliario)”, dijo García.
El segundo anuncio sería la conformación de una comisión de transición para el retiro de la empresa Aguas del Illimani.
“Evo explicó que estamos trabajando un acuerdo mutuo con la empresa para que en las siguientes semanas y los siguientes meses se retire de manera acordada con el Gobierno”.
Hasta el retiro de la empresa, la comisión compuesta por las alcaldías de La Paz y El Alto e instituciones y organismos sociales harán el seguimiento del proceso, indicó el Vicepresidente.
El tercer punto mencionado por García Linera es que se logró un crédito de 5,5 millones de dólares para que una vez retirada Aguas del Illimani, la nueva empresa pública pueda instalar agua potable en los barrios de la ciudad de El Alto que no cuentan con ese servicio.
Por último, “el Presidente, a tiempo de pedir al Gobierno la inmediata extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada, convocó a familiares de los heridos a formar una comisión para viajar a EEUU con el apoyo del Gobierno”.
La intención es hacer llegar el pedido y reclamo de justicia del pueblo boliviano para lograr la extradición del ex presidente de Bolivia que vive desde hace tres años en el país del norte.
El proyecto de ley
La propuesta • Fue presentada hace un mes por las Asociaciones de Heridos y de las Víctimas de la Guerra del Gas.
Cuatro pilares • El representante de la Asamblea de Derechos Humanos de El Alto, Rafael Mamani, informó que la propuesta fue presentada al Parlamento el 13 de junio. “Los cuatro puntos son declarar héroes nacionales a las víctimas de Octubre, asignación de una renta vitalicia equivalente a tres, dos y un sueldo básico, de acuerdo a la gravedad del caso, dar un seguro social a las víctimas y además un seguro académico para los hijos”. Explicó que se llegó a consensuar con autoridades del Ejecutivo, pero no ingresó al plenario porque no se le puso en agenda.
El paso que queda es que se aprehenda a Goni
El coordinador jurídico del Comité impulsor del juicio de responsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada, Rogelio Mayta, dijo que es tarde para ratificar la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias de la Organización de Estados Americanos (OEA), porque es un trámite largo. Agregó que sólo queda que se aprehenda al ex presidente Sánchez de Lozada para iniciar su extradición al país.
La orden de aprehensión fue emitida y es un paso inicial, según Mayta. Sin embargo, la misma estaba sujeta a que la Policía informe al Fiscal General que renunció y se fue de vacaciones. “Lo que debería hacerse es proseguir esa acción para la aprehensión de Sánchez de Lozada”.
Mayta indicó que “actualmente no hay quién tome las decisiones y el Congreso debería llamar a una convocatoria para elegir a un nuevo fiscal general”.
La solicitud, enviada a EEUU, para notificar a Sánchez de Lozada espera ya un año y cuatro meses. Es un tema de voluntad políti- ca de ese Gobierno, dijo Mayta.
El fiscal Milton Mendoza señaló que en el proceso para el enjuiciamiento se está luchando no sólo con la investigación sino con la ausencia de procedimientos. “Pusieron un candado para que nadie pueda abrir la puerta, nosotros buscamos mecanismos para zafarnos de esos obstáculos”.