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En encuentro tuvo lugar ayer en la ciudad de Santa Cruz, en la brigada parlamentaria cruceña. Allí se encontraron el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, los parlamentarios del MAS y Podemos, representantes de la Confederación Nacional de Agropecuarios de Bolivia (Confeagro) y dirigentes de los indígenas y campesinos.

Almaraz fue enfático al señalar que el Gobierno insistirá en la aprobación de un decreto para continuar el proceso de saneamiento. “No queremos perjudicar a nadie, pero creemos que esta es la única salida para no paralizar el proceso de saneamiento de tierras en el país”, justificó. Aclaró que en caso de aprobarse un decreto, éste no será para revertir o dotar tierras en forma masiva. “La finalidad de este decreto sólo será establecer un plazo, que probablemente sea de siete años”, añadió la autoridad.

Entretanto, el presidente de la Confederación Nacional de Agropecuarios de Bolivia (Confeagro), Mauricio Roca, señaló que no permitirán que el país sea gobernado a través de decretos y que agotarán todas las instancias de diálogo posible para que se llegue a un consenso respecto a las modificaciones a la Ley INRA, según informa El Nuevo Día.

El proyecto de la Ley INRA está en el Congreso, instancia que terminará sus 90 sesiones ordinarias y que espera ampliarlas a 120 para tratar esta norma.

La comisión de alto nivel se reunirá hoy nuevamente en La Paz, para tratar los tres temas que no tienen consenso (ver cuadro).

Posiciones para el INRA

Distribución • El Gobierno quiere distribuir tierras comunitarias. Podemos y los empresarios quieren incluir a la individual.

Juez • El Ejecutivo quiere que el juez agrario intervenga sólo en caso de avasallamiento; Podemos para todo el saneamiento.

INRA • El Gobierno pide poderes para el INRA nacional; Podemos para los departamentales.