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“Demandamos que, en el marco democrático del Estado de Derecho en que vivimos, se garantice la plena vigencia de la seguridad jurídica y de los derechos constitucionales que respeten la libertad de expresión, de locomoción y la seguridad ciudadana”, se lee en la declaración emitida por los presidentes de las nueve cámaras de Comercio.

El documento señala, líneas más abajo, que “el Gobierno elegido democráticamente debe gobernar para todos los bolivianos, por tanto, deben actuar responsablemente porque sus acciones determinarán el futuro de las próximas generaciones (...)”.

El documento fue emitido por los presidentes y gerentes de las cámaras de Comercio, Servicio y Turismo de Bolivia, quienes se reunieron institucionalmente en la ciudad de La Paz el 16 de este mes para analizar la situación y problemática económica, política y social del país.

En el tema económico, los empresarios declaran que Bolivia es un país económicamente viable, no sólo por la existencia de sus recursos naturales renovables y no renovables, sino fundamentalmente por la capacidad y creatividad de sus ciudadanos.

“Es imperioso para el país que se reconduzca la actual política económica y social, mediante la incorporación del sector empresarial privado, fortaleciendo el Plan de Desarrollo del Gobierno nacional, de manera efectiva y que garantice la solidez y viabilidad del aparato productivo”, agrega la declaración.

Respecto a los temas político y social, la Cámara Nacional de Comercio exigió a los constituyentes asumir su responsabilidad histórica con los altos intereses de la patria, elaborando una Constitución Política del Estado concebida por bolivianos y para los bolivianos. Adicionalmente, pidieron al gobierno del presidente Morales desarrollar una política exterior coherente para evitar frentes de conflicto.

La reunión nacional

Reivindicación • La Cámara Nacional de Comercio exhorta que la política de respeto a la propiedad privada expresada en reiteradas oportunidades por el Presidente y Vicepresidente de la República sea compartida por todas las autoridades ministeriales y las agrupaciones que conforman el partido gobernante.