El presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, convocó a los jefes de bancada y de brigada para analizar la situación en las cárceles del país y en esa reunión se comprometieron reformular la Ley del Extramuro para resolver la situación de los 19 centros penitenciarios del país, donde desde el lunes se desarrolla una protesta para exigir no sólo la celeridad en la justicia sino la reducción de penas para todos los internos de los 19 penales del país.
Al término de la reunión, el diputado Novillo dijo que “existe el compromiso de incluir en la agenda de la Cámara Baja la reformulación de la Ley (del Extramuro), que es una de las cuatro demandas de los reclusos, como tema prioritario”.
Además. la ministra de Gobierno Alicia Muñoz, y el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, Antonio Peredo, se reunirán esta mañana con los representantes de los reclusos de San Pedro, la cárcel paceña, la más poblada del país, para comunicar el compromiso del Congreso y así tratar de resolver la protesta que cumplirá su tercer día.
Paralelamente a la evaluación que se hace en el Parlamento, la Dirección de Régimen Penitenciario del Ministerio de Gobierno, realiza una inspección en la cárcel de máxima seguridad de San Pedro de Chonchocoro, en pleno altiplano paceño, donde los internos se sumaron a las manifestaciones.
La situación en las cárceles ayer adquirió tintes dramáticos cuando algunos internos decidieron coserse los labios, sacarse sangre o enterrarse.
Al reclamo del 70 por ciento de los internos que no contaría con sentencia ejecutoriada, se suma el pedido de narcotraficantes, asesinos, violadores y reincidentes que cumplen condena para que se les reduzca la pena y puedan recuperar su libertad con el cumplimiento parcial de la condena.
"Esos beneficios conocidos como el extramuro o el dos por uno se aplica en casos de reclusos que demuestran buena conducta y cuando la ley lo permite, porque en el caso de los sentenciados sin derecho a indulto, de los narcotraficantes y de los reincidentes la norma impide aplicar esos beneficios", según explicó un abogado penalista a La Razón.