Desde hace varios años, se ha hecho creer a los bolivianos que este país es un emporio en materia de gas. Nos hemos hecho ilusiones y resulta que ahora parece que la riqueza se ha reducido al extremo de que inclusive se comenta que habrá limitaciones en el abastecimiento interno.
Como un desmentido tácito a esa aseveración, se acaba de suscribir un convenio entre Argentina y Bolivia, mediante el que nuestro país incrementará sus volúmenes de venta de 7,7 millones de metros cúbicos día a 27,7 a partir del año 2010, para lo que se precisa una inversión calculada en cerca de 3.000 millones de dólares que nadie sabe quién financiará.
Por una parte, se asegura que Bolivia tiene problemas para garantizar la actual provisión de gas. La Cámara Boliviana de Hidrocarburos informó que las petroleras que operan en el país producen 41,1 MMmcd, que 40 se van a exportación y que por lo menos 5 a 6 millones se requieren para cubrir la demanda interna, lo que supera la disponibilidad. El presidente de YPFB, por su parte, asegura que en este momento no hay problema en asegurar el cumplimiento de contratos internos y externos vigentes, aunque reconoció que efectivamente se precisan grandes inversiones para satisfacer nuevos contratos. Declaraciones contradictorias desorientan a la opinión pública.
Éstos son, ciertamente, días clave porque el sábado 28 de octubre se cumple el plazo legal para negociar nuevos contratos operativos que buscan un mayor ingreso para el Estado boliviano, así como un mayor control sobre la producción. Brasil es el principal actor, no sólo porque su contrato es de 32,197 millones de metros cúbicos al día, aunque en promedio sólo importa 26, sino porque el próximo día 29 es la segunda vuelta en las elecciones generales y en la negociación no puede dar paso en falso alguno por el riesgo que corre el presidente Lula que se juega su reelección. Ya su jefe de campaña ha anunciado que de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, Petrobras se retirará de Bolivia y advirtió que, en ese caso, recibirá una indemnización, ya sea voluntaria del Gobierno boliviano u obligada por fallos internacionales.
El ministro Villegas ha asegurado que es necesario retomar las buenas relaciones con Brasil, ciertamente afectadas por la nacionalización de los hidrocarburos. El gas boliviano está destinado a satisfacer el consumo de Sao Paulo, que es el estado más industrializado de nuestro poderoso vecino.
La incógnita que se aclarará muy pronto es aquella relacionada con la pretensión del Gobierno boliviano de lograr un incremento de hasta el 75% sobre el precio que actualmente paga Brasil que es de 4,25 dólares por millón de unidades, lo que es poco probable. La incógnita mayor es la relacionada con la forma de atraer millonarias inversiones para cumplir los contratos de provisión futura en el mercado internacional, después de los antecedentes de la nacionalización que ocasionaron problemas aún no resueltos.
Si al Gobierno le va mal en las negociaciones de los próximos días, le va mal a todo el país. Ojalá que se encuentre el punto medio que pueda equilibrar los intereses de ambos lados y que Bolivia recupere la necesaria confiabilidad que se requiere en todo tipo de relación.
Es necesario recordar que si no hubiera habido el proceso de capitalización, no se hubieran efectuado las inversiones que permitieron descubrir las reservas de gas, pero al mismo tiempo hay que censurar la extrema reserva que se mantuvo durante los gobiernos pasados sobre los contratos que se firmaron con las empresas petroleras, dando lugar a justificadas susceptibilidades que no se han aclarado totalmente.
Es indispensable que se aclaren todas las dudas sobre esta materia vital para nuestro futuro, empezando por las verdaderas reservas, para que se pueda incluso opinar sobre la venta de gas a Chile que los actuales gobernantes impidieron cuando fueron oposición. En síntesis, la ciudadanía tiene derecho a saber toda la verdad sobre el gas que es de todos los bolivianos, sin excepción.
*Gastón Solares Á. es empresario privado y radica en Sucre.
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