Ceder o romper
Juan L. Cariaga*

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Mi padre, que era un gran negociador, siempre decía que, para negociar, uno tiene que estar dispuesto a ceder o a romper.

Como es de conocimiento de todos, en cumplimiento a lo dispuesto por el decreto supremo de nacionalización de los hidrocarburos, el Gobierno de Bolivia debe negociar con las empresas petroleras los contratos de riesgo compartido, acordados con dichas empresas, al amparo de las normas aprobadas durante la administración del presidente Sánchez de Lozada.

Sobre este particular, es importante aclarar que se trata de más de 70 contratos, todos ellos referidos solamente al ´upstream´ (un término comúnmente utilizado en el sector para referirse a las actividades de exploración y producción), de los cuales alrededor de 30 contratos fueron firmados con Chaco, Andina y Repsol; y donde el 90 por ciento de éstos corresponde mayormente a las cuatro o cinco empresas más grandes de este sector.

Aunque el Gobierno ha manifestado que en la negociación de dichos contratos hará cumplir estrictamente lo establecido por el decreto supremo de la nacionalización, no cabe duda de que al Gobierno le conviene negociar y no romper, pues requiere desesperadamente de recursos de inversión para producir y exportar gas a la Argentina. Por otra parte, a las empresas petroleras también les conviene negociar pues, como todos sabemos, tienen mucho dinero invertido en Bolivia, del que deben rendir cuentas a sus accionistas o, en última instancia, recuperarlo a través del complicado mecanismo del arbitraje internacional.

Sin embargo, éste no es el caso de todas las empresas. Actualmente, existen algunas pequeñas empresas que no han tenido la suerte de encontrar importantes reservas para iniciar la producción o que se encuentran en una situación financiera, a quienes los nuevos contratos les caen como anillo al dedo. Tampoco es el caso de Repsol, que tiene una perspectiva interesante ante la posibilidad de exportar gas a la Argentina y, definitivamente, no es el caso de Petrobras, que ha anunciado públicamente la necesidad de que Bolivia pague una indemnización, en caso de que sea objeto de una expropiación.

Por otra parte, aunque el contenido de estos contratos no ha sido dado a conocer a la opinión pública —por razones obvias— se tiene conocimiento de que la actual negociación con las empresas petroleras es por una simple adhesión a dichos contratos y no por la firma definitiva de ellos, dado que éstos están condicionados a una aprobación posterior por parte del Congreso Nacional.

Asimismo, es importante reiterar que éste no es el fin sino el comienzo de la negociación con las empresas petroleras pues, a futuro, todavía quedan todos los aspectos referidos al ´downstream´ (un término comúnmente utilizado en el sector para referirse a las actividades de refinación, distribución y comercialización, generalmente regulada), que han sido afectados por el decreto de nacionalización y que compromete las actividades de algunas de estas empresas.

Por otra parte, parece también que estos contratos —que convierten a las empresas en prestadoras de servicio— contemplan la figura del reconocimiento de utilidades y gastos, sujetos a la aprobación de YPFB. Esperamos que este tema no sea objeto del famoso ´charle´ entre las empresas y YPFB, por lograr en un futuro la aprobación de utilidades y gastos, que no sean los que corresponden y que, en el pasado, resultaron ser una gran fuente de corrupción.

Sea como fuere, mi recomendación es que el Gobierno de Bolivia haga un genuino y razonable esfuerzo por negociar de una manera desapasionada y dentro del campo estrictamente profesional. Creo que esto es de interés del Gobierno y de interés del país. Veremos qué sucede el 28 octubre, un día antes de la elaboración de esta columna, donde ojalá no se opte por la alternativa de romper, en vez de la razonable opción de verdaderamente tratar de negociar.

*Juan L. Cariaga
es economista y escritor.