En el documento “Presentes en la historia: mujeres en la Asamblea Constituyente” se formula una propuesta precisa del tipo de Estado que deberá emerger de la deliberación de la Asamblea: un Estado pluricultural, multiétnico e intercultural que respeta la autodeterminación de los pueblos y garantiza la no discriminación entre hombres y mujeres. Este Estado reconoce la existencia de autonomías departamentales, locales e indígenas, conservando la unidad territorial bajo los principios de solidaridad, equidad, reciprocidad y acción afirmativa.
Su antecedente —y también la ruptura— es la definición constitucional de Bolivia como país libre, independiente, soberano, multiétnico y pluricultural, estas dos últimas caracterizaciones introducidas al calor de las reformas políticas de los noventa. Por un lado, respondieron a las demandas de los nuevos movimientos sociales que afirmaron
renovadas construcciones identitarias. Por otro, lo multi-pluri caracterizó a las discusiones académicas fascinadas por el multiculturalismo. En el país surgieron varios devotos de la ideología multicultural que permitieron articular reivindicaciones identitarias colectivas con los discursos de democracia representativa y de economía de mercado. La unidad de esos tres discursos conformó el sentido dominante del modelo neoliberal en las esferas económica, política y cultural.
Semejante reconocimiento nunca implicó algo más que una declaración, pese a que varios aspectos multiétnicos y pluriculturales fueron abriéndose en dos sentidos: incorporación de variables de la política de la identidad en las leyes y una estrategia de guerra de posiciones declarada por los pueblos y naciones indígenas, originarias y campesinas ante el predominio neoliberal. No fue más que un asunto declarativo porque reconocer el carácter diverso de la formación social boliviana no se plasmó en una modificación aguda de las estructuras de funcionamiento del Estado.
Precisamente por ello, la propuesta de “Mujeres Presentes en la Historia”, implica un salto cualitativo respecto de la actual CPE. Ya no se trata de caracterizar al país. Urge afectar los principios básicos de funcionamiento de las estructuras del Estado. Con ello se traslada a la discusión constitucional un sentido concreto de diseño jurídico sobre la discriminación y la pluriculturalidad, pasando de los derechos y la política del reconocimiento al debate sobre la estructura estatal.
Uno puede estar o no de acuerdo con esta definición del Estado, en el marco de la deliberación ciudadana, pero lo que no se puede negar es que esa propuesta implica un paso firme y decidido hacia la fundación de un nuevo Estado. Sin duda, la emergencia de una nueva República ya se construye desde distintos lugares, que asumen la necesidad de tejer paulatinamente acuerdos colectivos. Este otro aporte desde las organizaciones de mujeres al país.
* Adolfo Mendoza Leigue es miembro del movimiento de Mujeres Presentes en la Historia.
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