• LA REUNIÓN • Los diputados del MAS aprueban, ayer, uno de los artículos que modifica la ley de tierras. Los curules vacíos corresponden a la bancada de Podemos que abandonó la sesión.

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Después de tres semanas de negociación, oficialistas y opositores no pudieron llegar a acuerdos en temas que son centrales y de definición ideológica en la política de tierras que el Gobierno pretende aplicar, motivo por el cual el MAS resolvió usar su mayoría en la Cámara Baja.

La sesión en diputados se inició cerca de los 18.00. A las 19.30 las bancadas opositoras de UN y Podemos abandonaron la reunión. En el hemiciclo se quedaron algunos parlamentarios del MNR. Así, la aprobación de la norma fue fácil y rápida para el MAS.

La norma aprobada establece que la "Función Económica y Social (FES) será verificada en campo y éste es el medio de su comprobación". Estipula también que, una vez saneada, la tierra tendrá una periodicidad de dos años para que se vuelva a verificar la FES; su incumplimiento dará lugar a la reversión de la propiedad en favor del Estado.

En el caso de la expropiación, será causal la "utilidad pública" o el incumplimiento de la FES. La utilidad pública entendida a solicitud o de oficio para dotarlas a los pueblos originarios y/o indígenas para su subsistencia y reproducción étnica.

El jefe de la bancada del MAS, César Navarro, destacó que se agotaron todas las instancias de diálogo para concertar la ley, pero las negociaciones no podían extenderse por más tiempo, considerando que existe una marcha indígena que va creciendo.

Por su lado, el jefe de la bancada de Podemos, Fernando Messmer, dijo que lamentablemente en los temas "medulares y sustantivos de la ley de tierras no se pudo concertar porque se impuso la consigna y el autoritarismo desde Palacio".

Ayer, en el hemiciclo parlamentario, los representantes de los pueblos indígenas siguieron de cerca la aprobación de la norma. Ramiro Galindo, de la coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz, lamentó que los parlamentarios de “los partidos tradicionales sólo defiendan sus intereses”. Señaló que con esta norma “estamos recuperando todo lo que nos han quitado desde nuestros antepasados”.

La diputada Roxana Gentile (UN), aseguró que la norma aprobada por el oficialismo lo que hace es poner en peligro el sistema productivo del país que aporta el 40% del Producto Interno Bruto. Señaló que la pelea se trasladó al Senado, aunque para presionar a esa Cámara, los indígenas realizan tres marchas.

Los agropecuarios del oriente, que también estuvieron pendientes de la aprobación de la norma en la Cámara Baja, sostuvieron a través de Luis Baldomar que “el rodillo se aplicó para generar inseguridad jurídica a todo el sector productivo”.

Añadió que, además, si se aprueba esta ley en todas las instancias y en los mismos términos, "lo que pondrá en riesgo es la seguridad alimentaria, por sus efectos en la producción de arroz, carne, azúcar y otros”.

Ante un posible desabastecimiento de los mercados del occidente, como medida de presión del sector agropecuario, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, señaló que el Gobierno no lo permitirá y que podría abrir las puertas para la importación de productos, como respuesta.