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Las dos autoridades judiciales —según un comunicado de esa cartera de Estado— optaron por conceder medidas sustitutivas “benevolentes” al ex prefecto de La Paz Luis Alberto Valle Ureña, en lugar de disponer su detención preventiva. Sólo fue arraigado y se le impuso la obligatoriedad de presentar a dos garantes solventes.

“El fiscal William Alave presentó pruebas y argumentos sobre el peligro de fuga y obstaculización en la investigación por parte de Valle. Sin embargo, las dos ministras lo dejaron en libertad por delitos comunes, quien cualquier rato se nos va, como se fueron dos que permanecen bajo el paraguas protector de un país extranjero”.

De acuerdo a la titular de Justicia, “la decisión contemplativa de las dos ministras es un acto de sabotaje no solamente al Poder Ejecutivo, sino también al pueblo boliviano. Lamentablemente, la no detención de Valle Ureña abrió el camino de la impunidad de otros juicios de responsabilidades”.

La viceministra de Transparencia, Nardi Suxo, señaló que el ex prefecto tenía 18 arraigos y salió del país “las veces que le dio la gana en forma clandestina”.

Según Suxo, “el Ministerio Público cuenta con informes de Interpol y de Migración del Perú que certifican estas salidas ilegales, mediante territorio peruano para llegar a Miami. Las ministras no valoraron estas pruebas que demostraban fehacientemente el peligro de fuga”.

En la audiencia de las medidas cautelares, que se realizó el martes en la Sala II de la Suprema, el Ministerio Público presentó pruebas que implicaban al ex prefecto Chito Valle.