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Ayer, el senador del Movimiento al Socialismo (MAS) Tito Carrazana dijo que esta comercialización de tierras es una muestra de “cómo los latifundistas tienen grandes propiedades y que son utilizadas sólo para negociar y traficar con ellas”.

En la página: www.nordheimer.com.bolivia.asp, especializada en negocios inmobiliarios de campos y estancias, la superficie más grande que se oferta está en Guarayos, nordeste de Santa Cruz. Son 40 mil hectáreas a $us 200 por hectárea, con lo que la suma total da $us 8 millones.

El terreno de menor extensión en venta está en Okinawa, en Santa Cruz, a 70 kilómetros de la ciudad. Son 700 hectáreas y su costo es de $us 1 millón.

De los 17 anuncios, sólo uno informa de su situación legal (saneamiento) del terreno. En la oferta, también se precisa de cuántas hectáreas están en producción o aptas para una actividad productiva y cuántas hectáreas son monte.

Esta situación, para el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Santa Cruz, Dionicio Rivas, es una “confesión de parte”, de que las propiedades no están cumpliendo la Función Económica y Social (FES) y también es una comprobación de que en el país, tanto en el oriente como en el chaco, hay tráfico de tierras.

Según la autoridad, la información será analizada por el INRA para ver su situación legal. “Si son tierras no saneadas, de oficio se paralizará las ventas; si son tierras con papeles en orden, el tema podría ser más difícil”.

Sin embargo, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Mauricio Roca, dijo que las ventas de tierras son actividades sujetas a trámites de bienes que tienen las personas.

Refiriéndose a las extensas superficies, Roca señaló que están en función a las formas de producción y de aprovechamiento del recurso tierra. “Dependiendo de la región, se dejan hectáreas para crecimiento o aprovechamiento en función de uso mayor: pueden ser bosques o áreas de descanso”, ya que cualquier desmonte se hace con autorización de la Superintendencia Forestal”, declaró. Añadió que las denuncias son parte de la campaña del Gobierno para “desinformar” y “afectar” al sector productivo.

Por su parte el senador Carrazana mencionó que las tierras “están en oferta, porque saben que con la nueva norma (INRA) las que no cumplan la FES serán revertidas al Estado para luego ser redistribuidas”.