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Tras la visita a Bolivia de su presidente, Evelio Fernández, la CIDH emitió un comunicado de prensa, que señala que el resultado de las últimas elecciones generales en Bolivia representa el inicio de un “importante proceso de democratización e inclusión social”.

La comisión reitera que en ese proceso “es fundamental la plena independencia de los poderes públicos y, particularmente, la garantía de imparcialidad del Poder Judicial, el acceso a la justicia, la exigibilidad de los derechos reconocidos constitucional e internacionalmente, el estricto cumplimiento del debido proceso sin discriminación alguna, la existencia de políticas de coordinación entre la justicia comunitaria y la formal, y muy especialmente la lucha contra la grave situación de impunidad de violaciones a los DDHH”.

La CIDH manifestó preocupación por la falta de acceso a la justicia, como en la retardación de la misma, la ausencia durante años de una política de persecución penal uniforme, agravada por los obstáculos en la implementación efectiva de la carrera fiscal. “La CIDH tuvo conocimiento sobre el rechazo de denuncias y sobreseimiento de investigaciones por parte del Ministerio Público que podrían incrementar niveles de impunidad”. Pide el fortalecimiento de la carrera judicial, para garantizar idoneidad, independencia e imparcialidad. Por otra parte, lamenta la falta de cooperación en la investigación entre diferentes organismos de otros poderes del Estado, “especialmente la renuencia a brindar información indispensable por parte de los organismos de seguridad de las Fuerzas Armadas”. Pero, señala que en el país “se han desarrollado importantes reformas para garantizar y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas, al haberse dictado leyes especiales, creado ministerios específicos para atender estos asuntos y declararse como estado multicultural”. Sin embargo, dice, “estos importantes avances no han logrado todavía tener un impacto concreto que mejore... la situación de los pueblos indígenas y otros sectores históricamente discriminados”.

La situación de uno de los poderes

Acceso • Tan sólo el 55% de los municipios del país cuenta con la presencia de alguna autoridad judicial y el 23% con la de un fiscal.

Retraso • “Preocupa —señala el informe de la CIDH— la directa incidencia del retraso procesal en cuanto al número de personas detenidas sin sentencia, el cual supera el 70 por ciento”.

Vacantes • la Comisión observó el alto número de vacantes en las más altas esferas, tanto en el Ministerio Público como en la Corte Suprema de Justicia

Hecho • Lamenta que el Fiscal General sea interino, así como cuatro ministros de la Corte Suprema y cinco magistrados del Tribunal Constitucional.