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Con el afán de respaldar al Gobierno en el tema de las tierras que se trata en el Congreso Nacional, tres columnas de campesinos se aproximan a la ciudad; una de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano que viene desde Santa Cruz y ya está en Cochabamba; otra, del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Kollasuyo que ha salido de Patacamaya; y una tercera que viene por la ruta de Chuspipata. A éstas se podrían sumar dos más: una desde Caracollo y otra desde Potosí.

El Gobierno ha reconocido que la marcha más importante, que viene desde Santa Cruz, cuenta con su apoyo, y se supone que las otras también. Pareciera que el Ejecutivo provoca marchas en su contra, pero no es así. Las caminatas de reclamos son contra el Senado —no contra la Cámara Baja— para que apruebe la Ley INRA sobre la redistribución de la tierra. La oposición ha cerrado filas en el Senado, donde tiene mayoría, alegando que no se encontró una solución concertada con el oficialismo y esto provocó una reacción drástica en el Gobierno que quiere imponer, por sobre lo que dice la Constitución, la presión social. Además, los opositores están molestos y se sienten impotentes —al extremo de recurrir a la huelga de hambre— ante actitudes autoritarias del oficialismo en la Constituyente.

Ante este panorama de marchas y ocupación que espera La Paz, se presenta una pregunta: ¿qué va a suceder si llegan los marchistas, agotados, hambrientos, enfermos, con muertes sufridas en la carretera y se encuentran con que el Senado no está sesionando? El Gobierno debería tomar medidas para esa emergencia, antes que la ira se desate contra él mismo.