Religión antiestado
Giovanni Daza*

Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

La Iglesia Católica no aceptará perder los privilegios que le brinda el Art. 3 de la Constitución Política del Estado.
El entredicho entre la Iglesia Católica y el Estado boliviano sobre las clases de religión en la escuela ocasionó una audaz arremetida eclesiástica que dejó un sabor amargo en mucha gente que considera injusta la carga que este pobre país tiene que asumir, víctima del sometimiento religioso. La situación actual es más preocupante porque el presidente Evo Morales parece tambalear ante la diplomacia eclesiástica, sin que se prevea cambio alguno.

En el fondo, lo que la Iglesia Católica pretende evitar a toda costa es la posible anulación del Artículo 3 de la actual Constitución Política del Estado (CPE) que dice: ´El Estado reconoce y sostiene la religión católica...´. Si se eliminase dicho artículo, el Estado dejaría de reconocer a esa religión como propia, con lo cual la ubicaría en la misma situación de otras que operan en Bolivia. Esto no quiere decir que la CPE dejaría

de garantizar el libre ejercicio público y privado de los distintos cultos y menos del católico.

Lo que sí sucedería es que la Iglesia dejaría de ser mantenida por el Estado. Vale decir que:

1. La Iglesia Católica dejaría de recibir el financiamiento especial que actualmente tiene del presupuesto nacional, de donde solventa su funcionamiento y paga a sus cardenales, arzobispos, obispos y 350 ítems para los miembros del clero, además de otros gastos.

2. La Iglesia tendría que pagar impuestos por todas sus propiedades. No de los templos, sino de las casas, edificios, terrenos, fincas, concesiones, colegios, universidades, conventos, seminarios, casas de retiro, estaciones de radio y televisión, clínicas y hospitales, empresas, vehículos y decenas de ONG que gozan de liberación por las cuantiosas importaciones que realizan.

3. La Iglesia tendría que extender facturas por los servicios religiosos y otros no religiosos que presta.

4. El Estado boliviano dejaría de pagar altos sueldos a los capellanes de la Policía, del Ejército y al Clero Militar (obispos militares y otros).

5. El Estado dejaría de pagar 14 sueldos anuales a más de 4.500 maestros de religión en todo el país.

6. El Estado dejaría de financiar a más de 1.000 escuelas de convenio donde no sólo paga a los maestros de religión sino a todo al plantel docente, administrativo, además de los gastos de funcionamiento. Esto, sin que las escuelas sean del todo gratuitas, pues se sabe que la Iglesia cobra, sin factura, cuotas a los alumnos (en general, pobres).

Con seguridad que la Iglesia Católica no aceptará perder los privilegios que le brinda el preciado Artículo 3 de la CPE, pues sería como renunciar a la gallina de los huevos de oro que el Estado regala, mientras el 60 por ciento de los niños bolivianos viven en la extrema pobreza, con escaso acceso a la salud, la educación y a una vivienda.

Sería realmente muy saludable para Bolivia acabar con este oneroso sometimiento religioso que data de la Colonia, por el cual la religión más rica del mundo vive a costa del Estado más pobre. El ahorro de recursos por esta vía permitiría al país mejorar la atención a los más pobres, con quienes tiene una gran deuda social por su eterna marginación. Lo que la Iglesia no debería cuestionar si se apega a su discurso de ´caridad con los pobres´.

Para tranquilidad de la institución religiosa, es indiscutible que en un Estado de Derecho, donde la libertad de pensamiento y de cultos está respaldada por la CPE, queda descartada la posibilidad de un Estado antirreligioso. El Gobierno no puede prohibir ni combatir ninguna religión, pero para dignificar la democracia debe mantener imparcialidad y equilibrio. Por tanto, no debe apoyar y menos promover religión alguna. Y las clases de fe católica vulneran el principio de libertad de culto y de pensamiento. Cualquier acción religiosa en el ámbito escolar falta al respeto y arremete directa o indirectamente contra los niños y sus familias, las que pueden profesar otras creencias, por muy minoritarias que éstas sean.

La responsabilidad del Estado es promover el respeto incondicional de todas las religiones, siempre y cuando no atenten contra sus

leyes y no vulneren las sanas costumbres. Esta afirmación defensora de la equidad no debe entenderse como una postura antirreligiosa o anticatólica. No se pretende tampoco negar la importancia de las creencias religiosas y su enseñanza a los niños, pero esa tarea corresponde a cada familia y a su iglesia, no al Estado. La Iglesia Católica debe entender que la misión de catequizar se la entregó Jesús a ella, y ésta puede impartir las clases en la forma que desee, pero con sus recursos y en sus propias instalaciones, que las tiene y en abundancia. Para ello puede acudir a la intervención comprometida de los cientos de sacerdotes, religiosos, religiosas y miles de voluntarios que, seguramente, con profunda fe aportarían con su esfuerzo y entusiasmo, y sin costo para el Estado nacional.

En palabras más claras: el clero debe salir de sus palacetes y levantarse de sus aterciopelados sillones para ponerse a trabajar. Debe salir a las calles y plazas, al campo, como hacía Jesús. De ese modo debe asumir su responsabilidad con la difusión de la fe cristiana acercándose a la miseria de los pobres con su propio esfuerzo y recursos. Así lo hacen otros cristianos que a pasos agigantados le están ganando terreno a la Iglesia Católica a juzgar por los datos del Censo 2001, donde sólo el 54 por ciento de la población declara ser de esa religión.

*Giovanni Daza
es médico salubrista
y nutriólogo.