Un grupo de 11 mujeres asambleístas de tres partidos de la oposición se sumaron ayer a la huelga de hambre que hace 13 días iniciaron sus colegas de Unidad Nacional en el Teatro Gran Mariscal, con la decisión de llegar hasta las últimas consecuencias en demanda del mecanismo de los dos tercios para aprobar las reformas constitucionales.
Nueve constituyentes de Poder Democrático y Social (Podemos), una de Alianza para Bolivia (APB) y una de Camino al Cambio (CC) ingresaron en huelga, un día después de que en Cochabamba los comités cívicos de ocho departamentos anunciaron que masificarán la huelga de hambre con el mismo objetivo.
Paralelamente, Podemos, el MNR y dos abogados pidieron la intervención de la Fiscalía General de la República en el caso del presunto fraude cometido en la votación por el artículo 71 del reglamento de la Asamblea Constituyente. Al respecto, una autoridad del Ministerio Público respondió que sólo actuará ante una denuncia formal.
El constituyente Juan Carlos Velarde (Podemos), abogado de profesión, identificó dos delitos de carácter penal en la votación de la noche del viernes 17, cuando, según la denuncia de UN, se contabilizaron los sufragios afirmativos de los constituyentes Jorge Arias y Miriam Cadima (ambos del MAS), pese a que supuestamente no estaban presentes en el hemiciclo. Esos delitos son: suplantación de persona y falsedad ideológica.
Guillermo Richter (MNR) dijo que lo pertinente sería recurrir al Ministerio Público. “Se trata de una denuncia muy consistente, muy delicada, que afecta directamente a la salud institucional de la Asamblea Constituyente. Para que la investigación sea independiente, es importante que el Ministerio Público tome cartas en el asunto”.
Los abogados chuquisaqueños Germán Gutiérrez y Gabriel Peláez señalaron, por separado, que la Fiscalía General debería actuar de oficio, es decir, sin necesidad de esperar una denuncia formal. De todas formas, Peláez aclaró que “sería mejor si UN presentara una denuncia escrita ante el Ministerio Público”.
El secretario general de la Fiscalía General, Wilfredo Chávez, declaró a La Razón que, pese a tratarse de un delito de orden público, “no vamos a investigar mientras no haya una denuncia”.
Según Chávez, el Ministerio Público “no puede actuar de oficio, (porque) no hay siquiera un tipo legal que se haya acusado como cometido por algún ciudadano”. Aseveró también que “ellos (los constituyentes) tendrán que ver cuál es el mecanismo”. Redacción, Sucre
LAS MEDIDAS POR LOS 2/3
Cívicos • Los dirigentes de ocho de las nueve organizaciones aprobaron un paro para el viernes (sólo cuatro lo cumplirán), además de mantener el repliegue de sus representantes en el Parlamento.
Prefectos • Cinco autoridades regionales anunciaron que adoptarán medidas de presión si en un plazo de 72 horas, es decir hasta el viernes, el oficialismo no pone en marcha el mecanismo de los dos tercios.