Hoy en día es muy frecuente ver a las mujeres a cargo del trabajo agrícola en los diferentes departamentos y comunidades a lo largo del país. Este trabajo se ha intensificado aun más a partir de la profunda crisis económica que se da en los años posteriores a la implementación del Consenso de Washington, que contrariamente a lo planteado por el neoliberalismo, ha profundizado la pobreza, la desigualdad y la inequidad social, afectando principalmente a las mujeres del área rural, empujándolas a hacerse cargo de la economía campesina y convirtiéndolas en productoras con altos niveles de autoexploración.
En este escenario las políticas públicas y proyectos aplicados en los últimos 20 años, referidos a la producción agrícola y la distribución de la tierra han hecho caso omiso a este fenómeno, excluyendo a las mujeres y negándoles el acceso a tierra y principalmente el derecho a ser propietarias.
Un ejemplo profundo de este fenómeno es que mientras los hombres que migran son capacitados en las acciones del proceso productivo agrícola, las mujeres todavía participan de procesos de capacitación vinculados al rol tradicional de reproductoras, sin que se faciliten políticas que vayan a consolidar e incentivar su condición de productoras. Hasta hoy estas políticas fueron hechas con los vicios que atribuye Atilio Boron (2004) a las reformas estructurales, vinculadas al desmantelamiento del Estado de Bienestar, recortes de los presupuestos destinados a lo social y legalización de control oligopólico de la economía por parte de unas cuantas empresas.
Pese a todo este escenario, se puede decir que los cambios en la estructura económica rural expresados en el incremento de la participación laboral femenina, mayor que la masculina, modificaron el rol de las mujeres y facilitaron una mayor presencia en la vida social, en una tendencia a la feminización de la economía y la sociedad rural que si bien no ha finalizado con la ocupación de cargos importantes, está en un momento de maduración y en un proceso de consolidación como movimiento social.
Esta situación puede tener hoy una importancia vital para consolidar el poder de las organizaciones de mujeres indígenas campesinas las cuales tienen una incidencia importante y pueden perfilar políticas de carácter redistributivo sobre todo en lo que hace al acceso a la tierra y los recursos económicos.
Uno de los desafíos del Movimiento de Mujeres Presentes en la Historia es que la nueva Constitución Política del Estado asuma
como uno de sus pilares la eliminación de todas las formas de discriminación con respecto al acceso, tenencia, herencia, compra y dotación de tierras entre hombres y mujeres. Situación que sólo se dará con una redistribución equitativa de la tierra, y el impulso de los derechos a la seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos y sobre todo de las mujeres.
* Javier Fernández es miembro del Movimiento de Mujeres Presentes en la Historia.
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