A fin de resolver el conflicto con los choferes sindicalizados, la Alcaldía de Cochabamba ratificó y complementó ayer el reglamento para el Transporte Público, en el cual se prohíbe brindar este servicio en rutas sin autorización, con lo que el transporte vecinal quedó impedido de trabajar.
Como se anunció, los choferes sindicalizados suspendieron actividades este jueves en demanda de esa resolución. Pero muy temprano y pese a la violencia ejercida, el alcalde, Gonzalo Terceros, y el presidente del Concejo, Edwin Mallón, visitaron su sede para llegar a un preacuerdo, que permitió suspender la medida.
Por la tarde, el convenio fue aprobado por el Concejo en una ordenanza, que en su artículo 1 establece que “todo operador o vehículo que preste servicio de transporte público sin contar con la habilitación y asignación de recorrido por ordenanza municipal será considerado como ilegal y sancionado de acuerdo a las disposiciones”.
La primera infracción a la norma motivará el decomiso de letreros y Bs 200 de multa. A la segunda falta se secuestrará las placas y a la tercera se quitará su registro al transporte público.
Ante el hecho, el transporte vecinal anunció represalias. “Los choferes se salieron con la suya, pero seguiremos trabajando y desde el lunes actuaremos contra la comuna”, dijo Antonio Aduviri, ejecutivo del transporte vecinal. La pugna entre ambos sectores desató enfrentamientos violentos la semana pasada.