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Algunos paramilitares admitieron ayer la posibilidad de "un baño de sangre" por la crisis abierta en el proceso de paz, aunque advirtieron de que ése sería el camino menos indicado.

"No estamos convocando a la guerra, pero alertamos que perdimos el control político", declaró Ernesto Báez, alias de Iván Roberto Duque, quien fue uno de los jefes políticos de las AUC.

"Los desmovilizados vamos a estar con la cabeza fría, buscando soluciones y escuchando a la sociedad civil para ver cómo se saca adelante el proceso, y para que no vaya a haber un baño de sangre, como lo prevén muchos analistas", señaló, por su parte, otro portavoz, David Hernández.

El miércoles Ernesto Báez dijo que el "Estado Mayor Desmovilizado" de las AUC notificó al alto comisionado de Paz en Colombia, Luis Carlos Restrepo, que "este proceso se termina".

La determinación se adoptó tras "una revisión minuciosa y clara y muy consistente de lo que ha sido este largo y accidentado proceso de paz", explicó el portavoz paramilitar, para quien en los tres años de diálogo han mediado los engaños, los incumplimientos y la falta de compromisos por parte del Gobierno.

La ruptura fue notificada tras una reunión en la cárcel de Itagüí, a la que asistieron Restrepo, el delegado de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el proceso, el argentino Sergio Caramagna, y el obispo de Montería, Julio César Vidal.

El presidente colombiano, Álvaro Uribe, reconoció ayer el momento difícil de la negociación y por la que algo más de 31.000 paramilitares se desmovilizaron.

Uribe, sin embargo, dijo que los 59 jefes paramilitares en la cárcel de alta seguridad de Itagüí, no serán extraditados, siempre y cuando se sometan a la Ley de Justicia y Paz.

El Gobierno tiene "toda la voluntad" para continuar con el proceso de paz, "siempre y cuando no se cometan delitos que defrauden la buena fe", señaló el gobernante en un discurso durante una ceremonia de ascensos militares en Bogotá.

"A quienes cumplan en la cárcel, se les respeta el proceso de paz, a los desmovilizados que cumplan, se les respeta el proceso de paz, a quienes reincidan se les levantan los beneficios de la Ley de Justicia y Paz y se levanta la suspensión de extradición", dijo.

También señaló que su gobierno garantiza la seguridad para los recluidos en Itagüí y para sus familias, tras denuncias de amenazas. Bogotá, EFE