ATPDEA
Marcelo Ostria Trigo*

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El próximo 31 de diciembre termina la vigencia de la ley de los Estados Unidos de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (conocida por su sigla en inglés ATPDEA), que establece preferencias arancelarias a las naciones andinas como compensación por sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico. El término del plazo de vigencia de tales preferencias aduaneras ha creado en los países andinos mucha preocupación. La posibilidad de una ampliación de ese plazo (se pide por lo menos 24 meses) está únicamente en manos del Congreso del país del Norte.

Esta ley benefició a exportadores bolivianos. El Ministerio de Hacienda informó que las exportaciones amparadas en esta ley llegaron a 350 millones de dólares anuales, lo que es considerable ante la poca magnitud de nuestro comercio exterior. Pero el problema no es tan sencillo. Junto a las presiones que seguramente tienen los parlamentarios norteamericanos, especialmente de sectores empresariales que sentirían que estas preferencias les son perjudiciales, hay elementos políticos. En realidad muy pocas veces un acuerdo internacional o una concesión en el intercambio de mercancías son puramente comerciales. Concurren otros factores que frecuentemente se imponen a conveniencias económicas.

En este terreno se encuentra la ley norteamericana de preferencias aduaneras, pues se orienta, como se ha dicho, a compensar en parte los esfuerzos de los países beneficiarios en la lucha contra el narcotráfico. Y como es una concesión unilateral, se comprende que se tomen en cuenta si esos esfuerzos fueron suficientes para disminuir los efectos de una práctica delictiva internacional.

Por otra parte, los argumentos contra los acuerdos de libre comercio, no se expusieron con mesura y, por el contrario, la diatriba fue la que predominó con relación a esa negociación. Esta agresividad hacia un país que concede preferencias para las exportaciones, disminuiría nuestras expectativas. Y esto, tarde o temprano, tendría que lamentarse.

Los parlamentarios de los Estados Unidos seguramente tomarán en cuenta todos los factores para decidir la ampliación de la vigencia de esta ley. No estarán ausentes los sentimientos negativos que se crean cuando dirigentes extranjeros —ese es nuestro caso— proponen acabar con el llamado imperialismo norteamericano, apoyando la agresividad del presidente venezolano que llega al insulto. No parece creíble que la frialdad, a tiempo de considerar un asunto internacional, sea la que predomine cuando se habla mal de un país y se injuria a su presidente y a su gobierno. En las relaciones internacionales, el respeto y la consideración hacia el país y a sus gobernantes son indispensables para arribar a acuerdos.

El tiempo para extender la vigencia de la ley se está acabando. A esto se añade que en el Congreso norteamericano ahora hay diferentes posiciones y, en una de ellas, se excluye de la ampliación a Bolivia y al Ecuador. Si hay gestos amistosos y sensatos hacia quien nos concedería preferencias, habría mejores perspectivas. Esto es lo deseable porque, al fin y al cabo, las preferencias favorecerán a la economía de la nación, es decir a todos.

*Marcelo Ostria
es diplomático.