Un jefe paramilitar desmovilizado y políticos de la oposición denunciaron ayer amenazas que buscarían silenciar las acusaciones de alianzas criminales entre legisladores y sectores sociales con grupos paramilitares.
Esas denuncias derivaron en una investigación sin precedentes en la Corte Suprema.
Salvatore Mancuso, uno de los más poderosos jefes paramilitares que se desmovilizaron al amparo de un proceso de paz con el gobierno del presidente Álvaro Uribe, recibió amenazas de muerte por vía telefónica.
"Ha recibido (Mancuso) una serie de llamadas anónimas amenazándolo de muerte y amenazando a sus hijos y su familia si llegara a abrir la boca", dijo ayer José Roberto Duque, alias Ernesto Báez, vocero de los ex jefes paramilitares desmovilizados.
Uribe anunció la noche del jueves que ya ordenó que "el Estado les brinde protección" a las familias de las personas que están detenidas a la espera de confesar sus delitos y destapar los vínculos que tuvieron durante 25 años con dirigentes políticos, comerciantes, militares, ganaderos y hasta funcionarios públicos.
Esta semana también se denunció que las residencias de cinco legisladores del Partido Liberal, el principal de la oposición, fueron visitadas por supuestos agentes de la policía secreta en busca de información. Bogotá, AP