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La propuesta señala que “las decisiones colectivas asumidas por las autoridades originarias son de orden público y de cumplimiento obligatorio; se regirá según sus propias normas internas y sus prácticas tradicionales para los miembros de los pueblos indígenas originarios y de las comunidades campesinas, y no podrán ser sometidas posteriormente al conocimiento de ninguna autoridad judicial y administrativa”. El proyecto descarta que exista la pena de muerte en la justicia comunitaria y compatibiliza este tipo de justicia con la administración a cargo de autoridades del Poder Judicial.