La libertad del ex gerente del quebrado banco Bidesa provocó la reacción de los legisladores del oficialismo y la oposición, que anuncian un acto de fiscalización con el objetivo de revertir la resolución de libertad provisional concedida por miembros de la Corte de Distrito de La Paz.
El senador del MAS y presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Antonio Peredo, consideró que la resolución judicial “tiene que ser reclamada porque, ciertamente, no hay ninguna razón para que Roberto Landívar haya tenido esa franquicia”.
El senador de Podemos Luis Vásquez, por su parte, anunció que también pedirá un informe a las autoridades competentes respecto el seguimiento que hicieron al caso Landívar en el propósito de que concluya con una sentencia judicial.
“Vamos a fiscalizar el caso y voy a pedir un informe”, explicó el senador, quien evitó referirse a la denuncia de Landívar en sentido de que el jefe de Podemos, Jorge Quiroga, en su calidad de vicepresidente del banco Mercantil contribuyó a la quiebra del banco Bidesa porque se le negó una posibilidad de compra de esta entidad bancaria.
El diputado de Unidad Nacional (UN) Peter Maldonado informó que analizarán el caso Landívar y tomarán una decisión en las próximas horas, aunque responsabilizó al MAS y al Poder Judicial del desenlace de este proceso judicial.
El ex máximo ejecutivo del Bidesa, vinculado al desvío de cerca de 60 millones de dólares, salió de la cárcel de San Pedro de La Paz el 29 de diciembre. Estuvo en prisión más de cinco años. El beneficio se justificó porque sustituyó con bienes una fianza de 10 millones de bolivianos y porque cumplió más de las dos terceras partes de la eventual condena en el juicio por, entre otros delitos, estafa agravada.
Maldonado explicó que esta retardación de justicia es responsabilidad del Poder Judicial y también del MAS, que —explicó— no respondió oportunamente con las designaciones pendientes en la justicia boliviana.
Landívar acusó de la retardación de justicia a la Fiscalía y a los liquidadores del Bidesa. Ayer, luego de firmar un registro en la Corte de Distrito, denunció que se gasta anualmente un millón de dólares en el pago de los funcionarios del liquidado Bidesa.