Aprendan a mandar
Horst Grebe López*

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“Aprendan a mandar´. Ésa fue la recomendación de Bertold Brecht a la clase obrera alemana en medio de los avatares de la República de Weimar, aludiendo a la necesidad de que las clases subalternas adquieran determinadas técnicas de mando, ciertas destrezas políticas y un conjunto de valores morales si pretenden reemplazar a las élites tradicionales en la conducción del Estado. Conviene recordar que tal demanda interpelaba a un proletariado que disponía ya de dos poderosos partidos políticos de masas, una dirigencia experimentada y una importante tradición parlamentaria, además de que no había dudas sobre la naturaleza del poder socialista y sus implicaciones institucionales.

Alrededor de la fórmula de Brecht se pueden tejer varias reflexiones que cuadran bien con la situación nuestra, donde campea una enorme confusión en cuanto a la distribución de roles, competencias y responsabilidades entre las organizaciones sociales y el Estado en materia de orden público y garantías ciudadanas.

Nadie podía esperar que el MAS ya fuera un partido de efecto estatal, y estaba claro por consiguiente que había que darle un tiempo razonable para el aprendizaje correspondiente. Lo que preocupa en estos momentos es que no se percibe voluntad alguna para dirigir la construcción de un nuevo orden institucional en estricto apego a las reglas democráticas, ni tampoco una intención clara de reubicación de perspectiva, puesto que una cosa son las prácticas sindicales y otra muy diferente el ejercicio responsable del poder y sus consecuencias.

El Gobierno está obligado en efecto a garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y los derechos humanos en todo momento y para todos los habitantes y estantes en el territorio de la República. En esta materia no puede haber excepción alguna, y tampoco es admisible que las autoridades competentes abdiquen de su responsabilidad para imponer el orden mediante todos los recursos materiales, políticos e institucionales a su disposición, cuando éste se ve alterado por la acción de cualquier grupo social, sin que importen para el caso las razones que arguyen los grupos disruptores. Tampoco puede haber excepciones en cuanto a la igualdad de todos ante la ley, como no puede aplicarse tampoco una gradación de los recursos de fuerza según se trate de organizaciones afines o adversarias al grupo político que ejerce el gobierno.

Es absurdo pretender ocupar el poder sin asumir las responsabilidades consiguientes. El ejercicio responsable del mando y la administración del monopolio legítimo de la fuerza es una competencia indeclinable de todo gobierno.

Las garantías y derechos ciudadanos están en grave riesgo cuando la acción callejera y las movilizaciones de uno y otro bando del espectro político violan flagrantemente el orden y cometen actos de vandalismo, como ocurre ahora en Cochabamba y parece extenderse también a otros lugares, mientras que las autoridades competentes eluden su responsabilidad política y también incumplen su mandato de asegurar el orden público.

Las diferencias políticas no pueden justificar el vacío que se está abriendo en cuanto a las respectivas responsabilidades sobre la integridad física de las personas y el cese de la violencia descontrolada. Por consiguiente, resulta imprescindible la adopción de un acuerdo básico entre el Presidente y los nueve prefectos sobre el tema único del ejercicio por parte de cada uno de sus respectivos mandatos constitucionales en materia de seguridad ciudadana.

*Horst Grebe L.
es economista.