• DURANTE LA AUDIENCIA • La foto, tomada del monitor de la Suprema, muestra a Fernando Kieffer. Fue ayer.

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Pasó la noche en la cárcel de San Roque. Se informó que en la primera combinación aérea de hoy será trasladado al penal de San Pedro de La Paz, donde será recluido en la sección La Cancha como cualquier reo común. Así lo confirmó el director de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, quien detalló que, de acuerdo con las últimas disposiciones, “no existen secciones de privilegio para ningún reo”.

La audiencia de medidas cautelares fue seguida por una autoridad del Ejecutivo y por altos dirigentes de los movimientos sociales, lo que despertó suspicacias ante una supuesta presión a los ministros designados por el presidente Evo Morales. Cinco horas y media duró esa cita, en la que también se determinaron medidas sustitutivas contra ocho coimputados en los casos de presuntos hechos de corrupción por la compra del avión Beechcraft, de 10.000 fusiles Galil y de vituallas para el Ejército.

La viceministra de Transparencia, Nardy Suxo; la ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y constituyente, Isabel Domínguez, y el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Isaac Ávalos, estuvieron presentes durante gran parte de la audiencia.

La Sala Penal I está presidida por el ministro Carlos Villarroel e integrada además por Wilfredo Ovando, dos de los cuatro magistrados que el 30 de diciembre fueron nombrados por un decreto presidencial. El dirigente Ávalos declaró en plena audiencia que “hoy se lo debe detener (a Kieffer)”. Cuando se le consultó si la CSUTCB estaba controlando a los ministros designados por Evo Morales, dijo que “sí, y en caso de que se equivoquen, pues tendrán que irse a sus casas”.

El presidente de la Suprema, Héctor Sandóval, dijo que si el propósito de la presencia de una autoridad del Gobierno y de dirigentes sindicales era controlar la actuación de los ministros, se trata de una injerencia.

“Uno de los principios es la independencia de poderes; debe haber coordinación, no injerencia”, afirmó posteriormente.

Villarroel, en su argumentación para la detención, señaló que se cometieron irregularidades en el manejo de los recursos destinados a la ayuda a los damnificados del terremoto ocurrido en 1998 en las localidades de Aiquile, Totora y Mizque. Señaló que dichas irregularidades se habrían cometido en la compra del avión Beechcraft, con un sobreprecio de 1.118.000 dólares, la compra de fusiles Galil, de procedencia israelí, y vituallas para el Ejército, “de muy mala calidad”.

Durante la audiencia, el fiscal de Materia, William Alave, fundamentó el pedido de detención contra Kieffer. Dijo que podría obstaculizar el normal desarrollo del proceso, porque se perdieron documentos y existen indicios de riesgo de fuga por sus constantes salidas al exterior, y que incluso tenía dos pasaportes.

Ante eso, Kieffer reconoció que tiene un cáncer, y que seguir su tratamiento fue uno de los motivos de sus salidas. “Tengo derecho a proteger mi vida. Voy a hacer todos los esfuerzos para tratar de curarme, aunque mi lesión es irreversible”, argumentó.

Entre los coimputados se encuentran los ex ministros Édgar Millares (de Hacienda) y Carlos Iturralde (de la Presidencia). A este último la Suprema no le impuso el arraigo debido a que, por problemas de salud, debe salir del país para seguir su tratamiento.

Ese argumento fue uno de los más cuestionados por la defensa de Kieffer. El abogado Jorge Ortega afirmó que, pese a presentar informes médicos sobre la enfermedad terminal de su defendido, los ministros los desestimaron.

La audiencia concluyó a las 14.50. Kieffer permaneció por más de tres horas. Redacción Sucre

UN RECUENTO DEL CASO

Beechcraft • La adquisición de la aeronave se realizó con recursos del Tesoro General de la Nación, por el monto de Bs 16.740.035 (dieciséis millones setecientos cuarenta mil treinta y cinco bolivianos), importe transferido por el Ministerio de Hacienda que no coincide con el registro de comprobantes internos de contabilidad y mediante cheques girados a favor de Pañagra AIR S.A.

Fusiles Galil • El 30 de diciembre de 1997 se autoriza al Ministerio de Defensa Nacional la compra y adquisición de 10.000 fusiles marca Galil, calibre 5.56 mm, modelo AR de fabricación israelita, a un costo unitario de $us 1.178. Dentro de las irregularidades, se tiene que el decreto y el contrato de compra-venta emitidos el 1 de diciembre de 1997 tienen una diferencia de 29 días.

Vituallas • Por los desastres del fenómeno El Niño y el sismo en las localidades de Aiquile, Totora y Mizque, se realizó una solicitud de adquisición de vituallas a favor de miembros de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, se adquirieron vituallas de mala calidad y que no reunían las condiciones del pliego de especificaciones.