No al lenguaje de la violencia
Carlos Toranzo Roca*

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¿Los muertos de Cochabamba podrán hacer entender que se está jugando peligrosamente con el lenguaje de la violencia? Cuando el verbo incita a la violencia, ésta se puede descontrolar, eso lo ha demostrado Cochabamba.

Desde hace muchos meses el lenguaje estatal real es el de la permisividad, —por decir lo menos—, ante la violencia. Sin darse cuenta el Estado está desatando los demonios, para que ellos por mano propia traten de hallar sus soluciones para construir sus utopías o despedazar a sus enemigos.

Un Estado tiene como una de sus principales tareas la de hacer respetar el Estado de Derecho y no violentarlo, otra obligación radica en cuidar el orden, en hacerlo respetar mediante el mantenimiento del imperio de la ley. Por su lado la sociedad y los ciudadanos también deben respetar la ley y a todas las instituciones y autoridades del Estado. En toda realidad política, económica y social, una cosa es el Estado y otra la sociedad; una cosa distinta es que haya puentes de intermediación entre Estado y sociedad. Pero, en la Bolivia actual existe el peligro de que el Estado se entiende a sí mismo como sociedad, o que se identifica al Estado con los movimientos sociales. Como producto de esa identificación equivocada, el Estado se inhibió de actuar como Estado en Huanuni, lo cual dio lugar a que haya muchos muertos; fallecidos que existieron por la inhibición o negligencia del Estado de actuar para imponer el orden. El orden no necesariamente se lo cuida siendo represivos, sino dando la imagen de que el Estado tiene derecho, más aún, posee la obligación de actuar para hacer respetar el orden y para precautelar las vidas humanas. Cuando un Estado se comprende a sí mismo como movimiento social, impulsa a los actores sociales a realizar tareas que son peligrosas, pues esos actores saben que sus actos no tienen el límite del Estado. Algo de eso pasó en Cochabamba.

El Estado no es tal sin instituciones, pero tampoco lo es si no precautela la vida de las instituciones, incluidas todas y cada una de las prefecturas del país. El Estado no puede movilizar a nadie para debilitar la institucionalidad estatal. Por el contrario, si algo debe hacer, es facilitar y cuidar la vida de las instituciones.

Pero, si por un lado hay lenguaje de violencia, la defensa de las instituciones, incluidas las prefecturas, no se la puede hacer apelando al mismo verbo de la violencia; ni ciudadanos, ni cívicos, ni nadie puede convocar a nadie para usar la violencia, con la justificación de la defensa de la causa propia. Responder a la violencia con violencia genera muertos y aumenta la espiral de odios.

La obligación del país, de las autoridades, nacionales, prefecturales, municipales, la obligación de los actores de la sociedad civil es la de impulsar el lenguaje del diálogo y de la tolerancia, pero haciéndolo de manera real. No se trata de hablar de paz y con la otra mano agitar la violencia. Necesitamos un sinceramiento de la palabra y de la acción. Ese sinceramiento radica en armonizar la palabra paz con acciones de paz. Los bolivianos no queremos más muerte ni violencia.

*Carlos Toranzo R.
es economista y
analista político.