Cada principio de año, los más de 270 distritos escolares con que cuenta Bolivia son oficinas donde el ajetreo es tal que no hay tiempo. Son cuatro los casos que se atienden de manera recurrente: 1) Designaciones de nuevos profesores, 2) traslados de los maestros de una región o de una escuela a otra, 3) aquellas maestras o aquellos maestros que habiendo cumplido con sus años de provincia, quieren ingresar a las áreas metropolitanas o a escuelas citadinas, 4) las “horas-acúmulo” u horas extra por trabajar parcialmente en otro colegio.
Para ello, hace más de tres años funciona un sistema denominado “compulsa” que es como una competencia entre profesores para que el o la mejor calificada (o) acceda al codiciado cargo. Todo parece normal hasta el momento en que se debe recurrir a las instancias que tramitan esa competencia.
El mecanismo funciona así. La profesora (nueva o antigua) debe acudir a los dirigentes de la Federación de Maestros (regional o departamental, según corresponda) para inscribir su nombre en “la lista” que manejan esos líderes y que es llevada directamente donde el director distrital (o departamental, según corresponda).
Aquí comienza el problema. La coacción actúa, y “normalmente” los profesores (especialmente nuevos y peor aún, las profesoras) se ven obligados a pagar (al líder sindical o al distrital) por un “ingreso” al Escalafón del Magisterio Nacional. Existe un “tarifario” por región (en el oriente es más caro que en La Paz) y esto funciona casi milimétricamente. Dirigentes y autoridades disfrutan así de “favores” (entre ellos económicos) que miles de profesores y profesoras deben tributar a fin de poder trabajar. Se calcula que más de 20.000 servidores de la educación pública son parte de este (insufrible) “mecanismo de designación de cargos” en el magisterio.
Por ello, la “compulsa” (procedimiento por demás ilegal) se convierte en una farsa de competencia entre profesores. Lo que vale, a la hora de designar a profesores nuevos, de permuta o de provincia, es “la lista” que los dirigentes (de célula, de distrito, departamentales o nacionales) llevan donde los amedrentados directores distritales. Uno de esos líderes sindicales es Jaime Rocha, elocuente y hábil manipulador mediático, quien no desmintió haber “auto-postulado” para director jurídico del Ministerio de Educación (como está registrado en el periódico La Razón, del 4 de enero de 2007). Esta práctica debe romperse.
Por ello, la ´compulsa´ (procedimiento por demás ilegal) se convierte en una farsa de competencia entre profesores.
*Pablo Zarate es miembro de la organización Observatorio Político Mediático.
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