Mitos perversos
Guido Zambrana A.*

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Crear nuevas universidades no sólo significaría implantar una nueva categoría de universidades autoexcluidas y marginales...
Ni siquiera existen cifras aproximadas de los millones de beneficiarios de la autonomía universitaria en Bolivia. Están todos los que se profesionalizaron gratuitamente, los que emergieron de la universidad autónoma para dirigir el país, y los que se formaron sin exclusiones para poder ahora conducir las transformaciones para un nuevo y mejor país que todos merecemos como bolivianos.

Afirmar —como lo hacen algunos— que la universidad pública es excluyente justificando así atentar contra su autonomía, es una falacia. Si así fuera no estarían orgullosamente donde están los Katari, Quispe, Mamani, Untoja, Choque, Choquehuanca y otros miles de originarios. Esto hubiera sido imposible sin la autonomía universitaria. Actualmente, hasta en las carreras consideradas más elitistas acogen predominantemente a estudiantes provenientes de los colegios fiscales.

Las universidades autónomas nunca han sido excluyentes, fueron los factores estructurales, económicos y las distancias que impidieron que más bachilleres del área rural llegaran a las universidades. Por eso, la creación de sedes universitarias en las provincias es una buena vía para incorporar a los indígenas en vez de marginarlos en reductos académicos, aunque por ahora las ofertas académicas sean aún precarias y sea necesario evaluar los resultados previamente.

Decir que la universidad pública no forma los profesionales que necesita el país es una verdad incompleta, porque quien debe establecer y definir claramente los perfiles profesionales necesarios es el Estado, más aun si dejó de ser neoliberal.

La fórmula es extremadamente simple: El Estado debe decir qué tipo de profesionales necesita, cuántos, para cuándo y dónde; y la universidad pública, con los recursos económicos suficientes, debe cumplir con esa tarea en el marco de su autonomía. Es decir, que la universidad pública no debe adivinar ni el Estado debe esperar que milagrosamente aparezcan los profesionales que requiere.

Que la autonomía universitaria debe acabarse porque encubre la

corrupción involucrando en ese concepto excesos salariales, es otra aseveración desmedida y perversa, más cuando proviene de enemigos tradicionales de la universidad pública o de quienes congestionaron las universidades y usufructuaron de la autonomía por décadas. Los casos específicos de corrupción, algunos de ellos graves, sean de naturaleza económica, abuso de poder, prebendalismo, chantaje, encubrimiento, persecución, difamación y acoso a adversarios deben ser erradicados, pero no llevar a la conclusión de que la institución en su conjunto es corrupta y que por tanto debe dejar de ser autónoma.

Con el objetivo de restarle mérito a la universidad del pueblo, sus enemigos externos, y por intereses coyunturales igualmente los internos, se ocuparon de desorientar al pueblo hasta hacerle creer que en la universidad se pagaban los más elevados sueldos. Lo cierto es, particularmente en la UMSA, que sólo alrededor de una centena de académicos eméritos, posgraduados, en las máximas categorías, con más de 25 años de antigüedad y con tiempo completo superaban legítimamente los 15.000 bolivianos. El resto, cerca de cuatro mil docentes y administrativos no están en esa condición y, por el contrario, la mayoría de los docentes tiene carga horaria parcial llegando a recibir salarios de 960 bolivianos, por 32 horas, sin derecho a seguro médico.

Lo que sí existen son graves distorsiones que corregidas permitirían inclusive mejorar los salarios bajos manejando la misma masa salarial. Los casos puntuales de otras universidades, si existen, deben ser tratados de manera individualizada, pero esto tampoco da razón para cuestionar la autonomía universitaria.

Sin eliminar los artículos 185 y siguientes de la Constitución Política del Estado, se puede atentar contra la autonomía universitaria, como lo están haciendo o quieren hacerlo consciente o inconscientemente algunos desorientados.

Crear nuevas universidades —como las pretendidas universidades indígenas— no sólo significaría implantar una nueva categoría de universidades autoexcluidas y marginales, sino que se llegaría a dispersar los recursos de las universidades públicas. Un control social, propuesto en el proyecto de la Ley Avelino Siñani, que asesore, coordine e interactúe con las universidades públicas sería maravilloso, pero si se impone un modelo que reedite la experiencia de la UPEA se habrá asegurado la desgracia de la educación superior boliviana, excepto que el objetivo velado sea crear condiciones más óptimas para el desarrollo de la universidad privada, que finalmente en los hechos sustituya a la pública.

Inexcusablemente, la autonomía universitaria debe perfeccionarse para interactuar mejor con la sociedad y la comunidad. El cogobierno docente estudiantil debe fortalecerse en una perspectiva de cogestión y corresponsabilidad, eliminando las delirantes y nunca ausentes ideas de que todo el poder sea para los docentes o todo el poder para los estudiantes.

Se impone implantar en las universidades públicas una nueva estructura organizacional, y un modelo académico y de gestión acorde a los vientos de cambio y a las necesidades actuales, es decir, asegurar permanentemente la calidad de la educación superior, entendiendo que ésta no es tarea sólo de las universidades sino también del Estado y la sociedad en una armónica y respetuosa relación.

*Guido Zambrana Á.
es decano de la facultad
de Medicina de la UMSA y
master en Educación Superior.