La curiosa “destitución” del Prefecto cochabambino y la posesión de un nuevo ´gobierno prefectural popular´ en medio de la retirada de un cabildo social, es sólo una señal más de la descomposición institucional por la que atraviesa la región, y si se continúa en esa línea, quizás también más adelante el país entero.
Lo dijimos en algún momento, la elección de prefectos sin un marco legal adecuado, sin un consejo departamental igualmente legítimo y sin una relación clara con las otras instancias públicas, particularmente con el Gobierno central, implicaría una serie de problemas de funcionamiento y gestión institucional, sin contar con los conflictos políticos y sociales que ésta conllevaría. Pero como es habitual, la realidad ha rebasado cualquier capacidad prospectiva o imaginativa.
Más de una semana de movilizaciones sociales mantuvieron a Cochabamba en la zozobra. Aquello que se inició como un cuestionamiento de determinados sectores sociales al comportamiento del Prefecto cochabambino, encerraba en realidad una disputa por espacios de poder. Esta lucha hegemónica que no pudo dirimirse ni con la elección de Evo Morales, ni con la instalación de la Asamblea Constituyente, parece desplazarse nuevamente a las calles, a la movilización y a la presión, esta vez en relación con uno de los eslabones más débiles del frente opositor que se ejerce desde las regiones al régimen presidencial: un prefecto atrapado entre el Gobierno nacional, un Consejo Departamental mayoritariamente afín al Presidente de la República que no cuenta con la legitimidad y legalidad para ejercer plenamente su rol, y en una región en la que en el Referéndum pasado se impuso mayoritariamente el No por las autonomías.
Aquella confrontación política nacional abierta entre oriente y occidente del país, y en la cual Cochabamba, por su ubicación política y geográfica era espectadora por excelencia, estalló en el lugar menos previsible, justamente en el corazón de la propia Llajta.
En todo caso, un conflicto que tiene origen político e institucional, entre los movimientos sociales vinculados al Gobierno central y la oposición prefectural que tocó el tema crítico de las autonomías, asume luego un carácter de confrontación entre ricos y pobres, para luego dar lugar a un fenómeno que excede el mero análisis político institucional para situarse en el plano social con componentes raciales y étnico-culturales, que de pronto reeditan fragmentos olvidados de la historia que parecían haberse trascendido, más aún en Cochabamba, una sociedad caracterizada por la interculturalidad, la mezcla de culturas, el tránsito, la migración y la coexistencia; pero que de pronto pone a flor de piel las diferencias, la confrontación y el antagonismo, y sin duda la sensación de que se está peleando una lucha que no es totalmente propia, en la que se están jugando intereses que están más allá de los sectores físicamente enfrentados, o al menos el tamaño de la confrontación, no corresponde con la dimensión de los acontecimientos y el costo social y humano que ha conllevado.
*María Teresa Zegada es socióloga.
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