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“No creo que haya una especie de combinación entre la justicia oficial con la justicia comunal”, afirmó en parte de un extenso discurso informe presentado ante el Congreso Nacional del primer año de gestión.

El Ministerio de Justicia elaboró un proyecto de ley sobre la justicia comunitaria, que plantea la revalorización de esta práctica asentada en las diferentes comunidades campesinas, indígenas y originarias. El documento se encuentra en manos de los legisladores, tras ser aprobado por el Gobierno el 1 de enero.

En el Ministerio de Justicia se explicó que las autoridades originarias ejercerán el derecho de aplicar justicia, junto a sus comunidades convocadas en asamblea, en una diversidad de casos, entre ellos delitos de asesinato, violaciones y robos.

El constitucionalista y senador Luis Vásquez observó los términos de la propuesta ya que vulneraría el derecho a la defensa y otros consagrados en convenciones internacionales de derechos humanos. Morales defendió la viabilidad de la justicia comunitaria por su rapidez y gratuidad. Además, negó que entre sus prácticas esté la pena de muerte, aunque reconoció que la justicia comunitaria es “conocida como una justicia muy dura contra el ser humano”.

“He vivido como niño viendo cómo las autoridades originarias resolvían los problemas de demandas internas gratuitamente; si se tiene que sancionar algo, esa sanción no va para la autoridad sino para la comunidad”, explicó y reiteró que su administración revalorizará esta cultura para que sea, incluso reconocida en el plano internacional.

Los alcances

Visión • La ministra de Justicia, Casimira Rodríguez, aseguró que la justicia comunitaria debe estar al mismo nivel de la justicia ordinaria vigente en Bolivia.

Alcance • Las comunidades indígenas y campesinas están obligadas a someterse a esta forma de justicia, sin derecho a la defensa.

Particularidad • Las autoridades originarias asumen el rol de jueces, investigadores y fiscales.

Rituales • La consulta a la hoja de coca es una de las prácticas usadas en el área rural para encontrar a los culpables de delitos.

Sanción • La justicia comunitaria no sanciona el delito con cárcel, sino con la reparación del daño.

Normas • La Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal reconocen la práctica de esta justicia.