El futuro de los cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia designados por decreto por el presidente Evo Morales y el convenio militar entre Bolivia y Venezuela quedaron en manos del Tribunal Constitucional, luego de que dos recursos presentados por Podemos fueron admitidos por esa instancia judicial.
El 9 de enero, los senadores opositores Óscar Ortiz y Luis Vázquez presentaron un recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad en contra del decreto 28993, de 30 de diciembre de 2006, mediante el cual el Poder Ejecutivo designó a Carlos Villarroel, Wilfredo Ovando, Bernardo Bernal y Zacarías Valeriano como ministros interinos.
Morales aseveró que desde que lo posesionó, la justicia marcha mejor, con la detención del ex ministro Fernando Kieffer.
El senador Ortiz, en el momento de presentar la demanda, dijo que el argumento central de Podemos es el respeto a la independencia de los poderes. En su mensaje ante el Congreso, por otra parte, el Comité de Admisión del Tribunal Constitucional también recibió el recurso de los senadores Gil Aguilera y Óscar Ortiz en contra de la Ley 3548 de 28 de noviembre, que se aprobó en el Senado. Se trata del acuerdo de cooperación militar entre Bolivia y Venezuela.
De acuerdo a la Ley del Tribunal, luego de la admisión de los dos recursos se deberá notificar a las partes. Posteriormente, los casos serán sorteados entre los magistrados para designar a un relator y, en un plazo de 30 días hábiles, se conocerán los fallos.
El convenio establece el apoyo del gobierno de Hugo Chávez en la construcción de un fuerte militar en Riberalta (Beni) y un puerto en la población cruceña de Puerto Suárez. El embajador de Venezuela en Bolivia, Julio Montes, reveló que incluía la edificación de al menos 20 puestos fronterizos. Este elemento generó susceptibilidad en medios de comunicación y gobiernos de países como Perú, Paraguay y Chile.
El documento estipula colaboración mutua en campos como el marco legal y organización de las FFAA, el control de armamento y desarme, planes de defensa y gestión presupuestaria, apoyo a la paz, gestión de crisis. Todo esto generó críticas en la oposición, que considera se abre las puertas para una libre intervención militar venezolana. Redacción Sucre