La presentación en sociedad de los “ponchos rojos” en Achacachi el pasado día 22, alarmó a muchos o fue tomado a chacota por otros. La verdad es que resulta un tanto singular que un Presidente de la República y Capitán General de las FFAA de una República democrática acepte algo muy similar de los honores militares de un grupo armado, en parte de viejos fusiles, aunque probablemente inútiles, y en parte con hondas y las flechas, que también matan. Y además, que el Comandante del Ejército regular de la Nación (me refiero a Bolivia y no a la nación aymara) observe sin incomodo ese desfile.
Los ciudadanos más sensibles a las amenazas del MAS pueden temer que el Gobierno autorice a incluso promueva la formación de milicias cívico-militares para “defender la revolución”. Ya lo hizo el MNR en 1952 cuando disolvió el ejército y creó sus propias milicias campesinas y mineras. En aquellos años, esta sustitución de una fuerza por otra se respaldaba en que el ejército regular se había enfrentado a tiro limpio con los revolucionarios. Pero ahora sólo algún alarmista podría imaginar la repetición de aquellos acontecimientos. El actual Gobierno, desde que se asentó en el poder, ha logrado asegurarse la lealtad de la institución armada. A no ser que sea rebasado por sus propios agitadores.
Recordemos, de paso, que los ejércitos nacieron de la horda dispuesta a utilizar sus armas primitivas para defender su territorio o conquistar el ajeno. Más tarde los ejércitos se nutrieron de voluntarios en busca de aventura y del botín que podía ofrecerles la ocupación de pueblos y ciudades, e incluso de pordioseros y de reos provenientes de las cárceles. Era frecuente el caso de jóvenes y adultos que eran alistados a la fuerza. Los más idealistas buscaban en el ejercicio de las armas alcanzar el favor engañoso de la gloria. El encuadramiento de los ejércitos derivó en la implantación del servicio militar obligatorio. Las llamadas “quistas” que reclutaban por sorteo a uno de cada cinco jóvenes aptos para mantener un contingente permanentemente renovado de soldados. En la actualidad, la mayoría de los países más desarrollados abolió el servicio militar obligatorio para convertirlo en profesional.
Hecha esta breve reseña histórica, la institucionalización de los institutos armados se ha justificado con la necesidad de la defensa. Tanto respecto a un eventual enemigo externo, cuanto a la garantía de la seguridad interna frente a una subversión contra el régimen legalmente constituido. Es conocida la sentencia de Max Weber de que el monopolio de las armas (interprétese como el monopolio de la fuerza) es exclusivo del ejército y la policía. Lo que excluye a grupos armados irregulares, como serían los ponchos rojos, verdes o amarillos.
Creo que el “show” de esa milicia en Achacachi es parte de la afición mediáticas del Sr. Presidente. Un desfile de campesinos con aires militares, resulta particularmente fotogénico. Prefiero pensar así, que imaginar a una legión irregular de gente armada, dispuesta a repetir la triste invasión de cocaleros a Cochabamba, ya no con garrotes y piedras sino con armas robadas de los cuarteles o traídas de fuera con el fin de imponer a la fuerza la burbuja populista.
*José Gramunt es sacerdote jesuita y director de ANF.
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