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Ambos coincidieron en que es urgente la aprobación de la ley de armas que está en manos del Congreso desde el año pasado.

San Miguel señaló que sólo “el Estado, a través de los ministerios de Defensa y Gobierno, tiene la capacidad de autorizar la comercialización, la importación y la distribución de armas. Pero, la ausencia de una ley hace que el control sea restringido”.

La autoridad agregó que “nosotros hemos reclamado, no es la primera vez. El año pasado ya hemos presentado, inclusive públicamente, el proyecto y le pedimos al Congreso que, en coordinación con los sectores involucrados, pudiera emitir la ley de armas lo más pronto posible”.

El general Vargas recalcó la necesidad de la normativa. “Yo pienso que ellos (congresistas) van a dilucidar el problema. Pero, sí urge que el tráfico de armas sea registrado en la ley ordinaria como en la ley militar”.

La Razón publicó una nota en la que varias fuentes reconocen que existe tráfico de armas en las ciudades y en las fronteras del país. Vargas dijo que el control de las de grueso calibre debería ser tuición de las FFAA, mientras que el de las de corto calibre de la Policía.

Con respecto al planteamiento de que las FFAA querían a mediano plazo una fábrica de armas, el ministro de Defensa indicó que “Bolivia no tiene como premisa el armamentismo. Con una fábrica de municiones (que existe) que nos abarate costos en lugar de importar, yo creo que sería suficiente por el momento”.

Ayer, Vargas contó que el plan Patria Segura, que consiste en el desarme voluntario de la población, se está trabajando mediante emisoras y el contacto directo con la gente. Después de Carnaval se verán los primeros resultados.