Los surcofundios que no estén siendo trabajados podrían ser expropiados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a solicitud de una determinada comunidad o porque el Estado alega utilidad pública, según informó a La Razón el director de esa entidad, Juan Carlos Rojas.
“En el caso de que las comunidades asentadas en las regiones donde existe el surcofundio planteen la necesidad de expropiar propiedades, se las va a considerar y se las va a hacer”, declaró el Director del INRA.
Rojas también explicó que, al margen de que la comunidad lo solicite, el Estado podrá expropiar los surcofundios “cuando se identifique (un determinado surcofundio) como utilidad o necesidad pública, es decir cuando el Estado boliviano encuentre áreas donde no existan otras alternativas”. La autoridad explicó que en esos lugares se podrían construir colegios o centros médicos.
“Sin embargo, nosotros confiamos en que van a ser las mismas comunidades las que planteen la problemática y encuentren los caminos para hacer este trabajo”, de expropiación de surcofundios, explicó Rojas.
Según la explicación del Director del INRA, la primera salida será la opción de reagrupar los surcofundios que estén unidos para expropiarlos y redistribuirlos en la comunidad. Añadió que si los surcofundios están alejados, la expropiación será individual.
Las zonas del altiplano y los valles son los sectores donde existen más surcofundios porque allí ha habido mayor fragmentación de las tierras y, además, de un alto nivel de productividad. Esa situación hizo que la gente no migre y por efecto de herencia subdivide la extensión de tierra, dijo.
Sin embargo, muchos de esos surcofundios están abandonados ahora porque “(las tierras) ya no son rentables, la superficie que trabajan no produce lo suficiente para que una familia tenga un ingreso seguro”, explicó Rojas.
El saneamiento tendrá plazos
Los funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que retrasen sus labores encaminadas al saneamiento de tierras, en un periodo máximo de seis meses, serán sometidos a un proceso interno y sancionados, según anunció el director nacional de Tierras, Clíber Rocha.
La autoridad explicó que cada uno de los pasos del saneamiento tendrá un plazo y que éstos estarán contemplados en el Reglamento de la Ley de Reconducción Comunitaria que modificó la anterior ley de tierras.
Explicó que esta medida será adoptada en el marco de la agilidad, eficiencia y eficacia fijada por esa norma para la titulación de tierras en plazos breves.
“El funcionario público tiene el imperativo de cumplir en este plazo, de lo contrario se atiene a sanciones, responsabilidades administrativas o procesos internos porque lo que suele suceder es que los funcionarios hacen dormir los procesos”, declaró.