“Hallados en bolsas de basura´, ´Restos de fetos fueron encontrados´, “Levantamiento de fetos humanos´, son algunos de los rótulos que últimamente arrojan, en lugares poco visibles, varios medios de información.
Resulta evidente que el alto número de abortos que aparecen reflejados en la prensa está vinculado a una mayor intervención y control de las instancias públicas en los centros clandestinos de aborto, su ubicación, clausura, responsables, víctimas, incluso sus culpables.
Más allá de estas intervenciones, no es posible desatender el tema del aborto inseguro como un problema de salud pública que traspasa los campos de la moralidad y la ética, afectando directamente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. A pesar del peligro que representa para la salud de la mujer un aborto inseguro, éste sigue siendo un recurso utilizado por millones de mujeres en todo el mundo para terminar con embarazos no deseados. El aborto es la tercera causa de mortalidad femenina en Bolivia.
Hasta hoy, la desinformación no ha permitido eliminar ciertos prejuicios en la sociedad con respecto a estos derechos. No ha permitido ver que lo que las mujeres reclaman es la posibilidad y libertad de planificar su vida familiar libres de violencia, de decidir la cantidad de hijas e hijos que desean tener y su espaciamiento, contemplando posibilidades reales de mantenerlos, criarlos, cuidarlos y protegerlos, de acceder y recibir resguardo a la vida y la salud en todas sus etapas, de que se proteja la maternidad independientemente del estado civil, la procedencia o situación económica. De lo que se trata es de evitar que miles de mujeres tengan que recurrir al aborto como consecuencia de un embarazo no deseado.
¿Cómo pueden los derechos, la sexualidad, la reproducción, el placer, la seguridad y la dignidad conducirnos hacia una sociedad más equitativa? Éstas y otras preguntas desembocan en una imperante necesidad de cambios estructurales y políticas públicas que reconozcan la importancia de una educación no sexista y libre de prejuicios, donde se diferencie el derecho a la sexualidad de la obligación de la reproducción, donde se garanticen información, servicios, métodos anticonceptivos, y donde se afronten las estructuras coloniales y patriarcales, como una forma de abordar derechos sin discriminación, imposición o violencia.
Detrás de las cifras y las frases poco íntegras de referirse al tema, se excluye la importancia que tienen los derechos sexuales y reproductivos en la vida de hombres y mujeres. El cierre de centros clandestinos de aborto, así como el evitar hablar sobre el tema no son soluciones. Resulta imperativo el reconocimiento de estos derechos en la nueva Constitución, obligando al Estado a adoptar políticas públicas y legislación secundaria para prevenir y evitar estos ´hallazgos en los basurales´, así como la muerte de miles de mujeres.
*Cecilia Terrazas Ruiz es miembro del movimiento de Mujeres Presentes en la Historia.
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