Tributación y concertación
Horst Grebe López*

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El cobro de tributos ha sido siempre una materia contenciosa entre el Estado y la sociedad. Es por eso que la teoría hacendaria ha sido una de las disciplinas que primero ha madurado entre las ciencias económicas y el tema también ha formado parte de los primeros desarrollos teóricos de las ciencias políticas. Se trata por tanto de una cuestión que afecta siempre diversos aspectos del proceso de desarrollo económico y el desempeño de la gobernabilidad democrática, y sobre la cual existe un cuerpo de doctrinas relativamente robustas.

A la luz de tales consideraciones, la solución provisional del tema tributario, acordada en medio de fuertes presiones entre el Gobierno y la Federación de Cooperativas Mineras, deja bastante que desear, lo que demuestra, entre muchas otras cosas, que el asunto estuvo mal planteado desde un comienzo. Resultaba en efecto a todas luces un error grave pretender introducir cambios en el régimen tributario del sector con el argumento de que el Gobierno necesitaba financiar en este año un nuevo bono de características muy similares a las del Juancito Pinto, cuya naturaleza clientelista es muy difícil de ocultar.

Recaudar tributos de un grupo social para repartir dinero en efectivo a otro grupo no es por cierto el método más recomendado por la teoría hacendaria, debido a los múltiples efectos negativos que genera en términos de equidad tributaria y construcción de ciudadanía, entre otros perjuicios.

Fue por eso que la semana pasada argumenté a favor de una reformulación completa de la política minera y del rol que podría jugar la tributación aplicada al sector en tal contexto. Como es sabido, las nuevas circunstancias imperantes en la economía mundial han cambiado las perspectivas de la minería boliviana y existe un potencial evidente para su reconversión en gran escala. De ahí que merezca atención especial el tipo de señales que se proporciona a todos los agentes económicos del sector con cada medida que se pone en vigencia.

Por la complejidad de la composición de unidades productivas que operan en la minería del país, lo menos que se esperaría es que se establezcan mecanismos capaces de lograr un consenso estratégico entre todas ellas, tomando en cuenta además que las actividades mineras han sido tradicionalmente las que han impulsado el desarrollo de los departamentos de Oruro y Potosí. Más aún, el desarrollo económico de todo el occidente boliviano podría alcanzar niveles muy significativos si es que se adoptan las estrategias y políticas apropiadas, dentro de un enfoque integral que garantice crecimiento, equidad y florecimiento humano.

Es para la concertación de estrategias de un alcance tal que se ha propuesto en el pasado reciente la incorporación de un Consejo Económico y Social en la arquitectura institucional que se apruebe mediante la nueva Constitución Política del Estado.

La situación imperante en el sector minero con sus efectos políticos consiguientes, corrobora ampliamente la conveniencia de complementar los foros políticos como el Parlamento y las eventuales asambleas autonómicas con mecanismos de diálogo social institucionalizado del tipo de los consejos económicos y sociales que funcionan en varios países de Europa y América Latina, con resultados verificables en cuanto a la adopción de estrategias concertadas de largo aliento.

*Horst Grebe L.
es economista.