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Pese a la inmunidad y el tratamiento especial, la Fiscalía considera importante la presencia de los tres dirigentes del MAS para aclarar los sucesos ocurridos el 8 de enero pasado, cuando una turba de campesinos y cocaleros exigían la renuncia del prefecto Manfred Reyes Villa.

El incidente se manifestó luego de que una movilización de campesinos llegara a la puerta de la Prefectura, resguardada por policías. Los manifestantes los agredieron verbal y físicamente con palos y piedras, respondiendo éstos con el uso de gases lacrimógenos y balines de goma.

El incidente fue calificado como "represión" y supuestamente ordenado por el prefecto a través del recién posesionado comandante de la Policía, Wilge Obleas. Ante esta situación y "por decisión política", la entonces ministra de Gobierno Alicia Muñoz destituyó al comandante originando malestar en la institución del orden, quienes se replegaron.

Según el fiscal Ortuño, se realizó una inspección a los ambientes de la Prefectura quemada y luego de barajar toda la información recogida en videos, fotografías y documentos, es que se requiere la declaración de varias personas, entre ellas, los parlamentarios, autoridades de gobierno, la Prefectura, entre otros. ANF