Nueva política minera
Jorge Espinoza Morales*

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En minería toda política debe ser diseñada conociendo a fondo esta compleja y aleatoria actividad: fuerte capital de riesgo en la exploración, necesidad intensiva de capital y mucho tiempo para poner en operación una mina, altos costos de producción en todas sus fases, elevados costos de realización (refinación, transporte y comercialización) y no intervención en los precios de los metales.

El objetivo de una política minera fiscal debe ser lograr un beneficio tanto para la sociedad como para las empresas. Que la sociedad consiga desarrollo y obtenga ingresos y que la empresa logre una adecuada utilidad sobre su inversión.

Esta política debe estructurarse en base a información completa, precisa, realista e imparcial, debe tener carácter estructural (a largo plazo y estable) y debe estar exenta de decisiones políticas, lo que lamentablemente no ha ocurrido en el país en más de medio siglo. Como consecuencia, la atracción de inversiones ha sido mínima y nuestra minería es ahora tan pequeña, que prácticamente ha quedado fuera del panorama minero internacional.

La actual coyuntura de precios elevados de todos los minerales (lo que nunca ocurrió antes) ha movido al Ministerio de Minería y Metalurgia a enviar al Congreso un proyecto de ley del nuevo Régimen Impositivo Minero (RIM), en que se establecen nuevas fórmulas y alícuotas (porcentajes) para el pago del Impuesto Complementario de la Minería (ICM). El análisis del RIM permite concluir que los cinco principales metales de exportación (zinc, estaño, oro, plata y plomo) a los precios presentes deberían tributar más del doble que con las alícuotas actuales. El wolfram, antimonio, cobre y bismuto lo harían en una proporción mucho mayor.

El Gobierno ha anunciado además que ya no habrá la acreditabilidad del Impuesto a la Utilidad de las Empresas (IUE) contra el ICM como ocurre actualmente, lo que repercutirá negativamente en la minería mediana, paradójicamente la única que realiza las pocas inversiones significativas, que pone en marcha nuevas minas, que se adecua a las disposiciones ambientales y de seguridad industrial y que acata lo dispuesto por la Ley General del Trabajo.

La aprobación tanto del RIM como de la no acreditación del IUE contra el ICM, tendrá un fuerte impacto en la economía de los proyectos mineros San Cristóbal y San Bartolomé (que a medio camino se les cambiarán las condiciones con las que hicieron sus proyecciones financieras), así como en la de algunas operaciones mineras que enfrentarán su cierre cuando bajen los precios de los metales a determinados niveles. Las potenciales y limitadas inversiones (disputadas por muchos países) serán definitivamente ahuyentadas, lo que acelerará la caída de la minería.

El legítimo deseo del Estado de incrementar sus recaudaciones impositivas debe darse, como en todos los países mineros, a través del incremento de la base imponible, vale decir de nuevas operaciones mineras. Bolivia no es una isla en el contexto internacional minero y por ello no debe perder su moderada competitividad impositiva para atraer inversiones y generar nuevas minas, único camino para lograr la sostenibilidad y la reactivación de su minería.

*Jorge Espinoza M.
fue ministro de Minería.