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El Ejército de Bolivia decidió internamente retener el 25 por ciento de 1,2 millones de dólares que destina la Organización de Naciones Unidas (ONU) para el pago de salarios a los militares y civiles en misiones de paz. Además, pide un aporte de 1.500 dólares a observadores militares.

“Hay normas muy precisas sobre este tema y establecen que sólo puede operar un descuento de cualquier tipo cuando éste derive de la ley. Lo contrario sería una donación, que no puede estar viciada en el consentimiento por el dolo o por la violencia moral”, explicó el legislador.

El ministro San Miguel defendió el accionar del Ejército y lo justificó asegurando que el Estado no financia estas labores y en consecuencia “el propio Ejército tiene que solventar sus gastos”.

Asimismo dijo que, como en Argentina y Chile los militares definen el “monto que van a ganar los que van en misión” y recordó que los cascos azules firman un contrato en el que se establecen las condiciones.

Vásquez, quien preside la Comisión Mixta de Constitución del Congreso, calificó de “coacción jurídica y moral” los contratos porque obliga a una parte a firmar si desea ser tomado en cuenta en una misión e insistió en que no existe “norma en la que se ampare (el Ejército) para realizar este tipo de acción”.

Anunció que pedirán que la Controlaría de la República investigue y afirmó que el Ejército “debería obrar en correspondencia de ir a una devolución de estos recursos a la gente que le han descontado indebidamente”.