Tras casi dos décadas transcurridas desde el último proceso diplomático importante de negociación entre Bolivia y Chile —conocido como del enfoque fresco— destinado a la concertación y una faja costera para que nuestro país reasuma soberanía territorial y marítima en el Pacífico, algunas personas y círculos de estudio internacionales se preguntan si en el presente se podría establecer las bases para el inicio de un nuevo y serio intento como los de 1950, 1975-78 y 1987. Ello, ciertamente, supondría una superior voluntad concordante boliviano-chilena que permita definir el marco, los procedimientos y los contenidos de una ambiciosa negociación.
La definición de una amplia y diversa agenda bilateral boliviano-chilena, negociada en los últimos tres lustros, constituye un presupuesto diplomático importante y destacable, mucho más si en ella se ha consignado de manera expresa el tema marítimo boliviano, cual lo inscribe, en noviembre del 2005, el mecanismo de consultas políticas —instancia donde se ha procesado y negociado lo substancial de aquella apreciable agenda bilateral— en estos términos: “En el espíritu de algarbe de una agenda bilateral sin exclusiones, la delegación chilena tomó nota de los planteamientos formulados, por la delegación de Bolivia respecto del tema marítimo y coincidió en la importancia de mantener esta materia en la visión de una agenda de futuro”.
El clima distendido, auspicioso y cordial prevaleciente en el presente entre Bolivia y Chile después de varios encuentros entre jefes de Estado y sus ministros de Relaciones Exteriores, y numerosas reuniones bilaterales, podría alentar para la puesta en marcha de unos desarrollos conducentes al tratamiento más en profundidad de la cuestión marítima; sin embargo, no puede ocultarse que la lectura que la presidente chilena Michelle Bachelet, su Canciller y la titular de Defensa de ese país efectúan de esa vital propuesta marítima boliviana, discurre apenas por una transitada vía en las relaciones boliviano-chilenas en sentido de que Chile, en el presente, no podría considerar una solución que importe una cesión o transferencia de soberanía a Bolivia de un territorio adyacente al Pacífico.
El destacado analista y diplomático chileno Luis Maira, a tiempo de reconocer que de antiguo Chile ha definido como política de Estado con Bolivia, no revisar conforme al derecho internacional vigente, el tratado de 1904 que determinó el enclaustramiento marítimo boliviano. Ello, no obstante, y ante la incesante demanda marítima boliviana en la instancia bilateral y en los foros multilaterales como la OEA ha debido aceptar en 1950, 1975-1978 y 1987, negociar con Bolivia una salida útil y soberana al mar. Maira apunta, en las conclusiones de su apreciable estudio, que Chile debe arbitrar, tras una amplia y franca negociación con Bolivia, una solución de la salida al mar de nuestro país, concorde al espíritu de posmodernidad y a los notables desarrollos políticos y económicos de la vasta cuenca del Pacífico.
En nuestro país los internacionalistas Fernando Salazar, Jorge Gumucio, Alberto Zelada, Javier Murillo, Ramiro Prudencio y Marcelo Ostria, han efectuado estudios exhaustivos de aquellos procesos fundamentales de negociación diplomática que hemos mencionado. Éstos han de tenerse muy presentes a la hora de abordar nuestra estrategia central para un superior acuerdo boliviano-chileno en esa trascendente esfera de la acción externa boliviana.
Al término de la infausta Guerra del Pacífico de 1879-83 se ha levantado una omnipresente memoria histórica colectiva en Bolivia, Chile y Perú —en la que, inclusive, han emergido las lógicas, las percepciones y visiones enemigo-amigo— la que debe ser superada por las nuevas generaciones de los tres estados concernidos en esa contienda mediante la edificación de un espíritu de reconciliación genuino y una mirada sosegada al porvenir.
*Armando Loaiza Mariaca es ex ministro de Relaciones Exteriores y funcionario profesional del Servicio Exterior Boliviano.
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