Antes de dar algunas noticias sobre el quehacer energético fuera de nuestras fronteras, por un momento meditemos cómo nos deben estar viendo desde afuera a raíz del barullo que estamos viviendo con los nuevos contratos.
Todo parecía muy bien. Al término del período otorgado, públicamente se firmaron nuevos contratos, los cuales pasaron al Poder Legislativo para su aprobación. Ésta se logró en sesiones criticables donde fueron aprobados los contratos. Y para dar el máximo de seguridad jurídica, cada contrato fue objeto de una ley de la República.
Pocas empresas en el mundo pueden exhibir un contrato respaldado por una ley. Faltaba la última puntada, inscribirlos en la Notaría, y ahí comenzaron los problemas. Los contratos consignaban nombres equivocados de compañías y de áreas que se estaban contratando. ¡Qué papelón! Para solucionar, se redacta una ley corta —no tan corta, tiene 44 artículos, uno por contrato—, corrigiendo los nombres equivocados. Pero ahí sale lo terrible. Se descubre que se aprobó y emitió una ley para un contrato equivocado, no en el nombre, sino en el contenido. No voy a usar el término anexo, porque cada contrato tiene siete anexos y todos ellos son parte indivisible del contrato. Al admitirse este nuevo error, también se informa que ese contrato fue acordado y firmado seis días después de fenecido el término para firma de contratos, fijado en el D.S. de nacionalización. Como solución se propone, y parece que se obtiene, que las tres compañías (Petrobras, Total y Repsol) acepten nomás el contrato equivocado pero promulgado en una ley, para que así la norma corta pueda seguir su curso.
Todo lo anterior, por supuesto, dosificado de declaraciones durísimas de fraude, explicaciones contradictorias, debates en el Legislativo, desplantes melodramáticos, etc.
Lamentable espectáculo, que pone en duda la seguridad jurídica acá y en cualquier país. Seguridad jurídica que comienza por el manejo pulcro de la documentación, el respeto a lo contratado y si fuera necesario la promulgación de una ley sin el menor error. La fe en y del Estado están en juego. En cambio, estamos viendo un manejo desordenado y el tratamiento liviano de contratos y leyes, a pocos días de su firma o promulgación.
Pero mientras estamos dando este triste espectáculo, qué está sucediendo afuera en el dinámico mundo de la energía.
Por un lado Perú, que continúa con sus planes de contar con la primera planta de gas liquificado (LNG) y que ahora ha suscrito un memorándum de entendimiento con Petrobras para la industrialización del gas en un complejo petroquímico y una planta de fertilizantes. Suena como los planes que se tienen para Puerto Suárez y que están pendientes de los contratos de Petrobras en el país.
Chile, por su lado, va avanzando con su planta receptora de LNG cerca de Santiago y por definir la instalación de otra en Mejillones. Así, Chile se convierte en el cliente ideal del Perú para el futuro LNG. Las plantas chilenas y las peruanas estarán en operación casi al mismo tiempo (2009-2010).
Para Chile el LNG peruano será el más barato por la distancia, y para el Perú las plantas chilenas serán las más cercanas y las que mejor precio pueden ofertar. El hambre y las ganas de comer coincidirán en el tiempo. Pero es más. Los cinco gasoductos de Argentina a Chile y los dos puertos para recibir LNG le dan a ese país la seguridad de abastecimiento que está buscando, sin necesidad de grandes concesiones políticas. Léase, gas por mar para Bolivia.
En Argentina, frente al precio de 5 dólares/MMBTU para el gas boliviano, se ha desatado una ola de reclamos de los productores locales, que piden el mismo precio. Productores aseguran poder tener producción disponible si se eleva el precio, y en igual forma las transportadoras, que ya tienen mejores tarifas que antes, han iniciado expansiones para transportar mayor producción. En lenguaje petrolero porteño simple: “Si nos pagan 5 dólares/MMBTU por gas nacional, no hay necesidad de construir un nuevo gasoducto, se tendrá producción. Además, ahí están los bolis, cinco meses después de haber firmado contratos siguen discutiendo como de costumbre. No tienen ni van a tener tiempo para la producción que se necesita para cumplir con la Argentina”.
Brasil, que se enoja y se resiente, porque quiere creer en nosotros y nosotros que hacemos todo lo posible para lastimarlos, estará desilusionado porque esperaba para el 15 de este mes, para que su empresa energética emblemática, Petrobras, cuente con un nuevo contrato que le borre el estigma que se le lanzó en Viena, el año pasado, de estar trabajando con un contrato ilegal, tendrá que esperar unos días (¿semanas?) antes que tenga un contrato legal. Probablemente los incrementos de precios del gas acordados tengan que esperar el perfeccionamiento de los contratos. La reacción inicial de buscar sustituto a la producción boliviana se verá nuevamente alentada por el arreglo de Venezuela con Trinidad y Tobago, a ser oficializado en breve, por el cual Venezuela tendrá acceso a la zona de aguas limítrofes en la cual se estima existen 10 TCF de gas. Con la división 7,5 para Venezuela y 2,5 para Trinidad y Tobago. Ese gas sería para iniciar el Gasoducto del Sur o, convertido en LNG, en el quinto tren de Trinidad y Tobago. En ambos casos el norte del Brasil es el cliente ideal, igual que el Pacífico entre Chile y el Perú. Todo eso y mucho más está ocurriendo mientras estamos en una especie de tragicomedia, que va consumiendo meses de tiempo valioso.
*Carlos Miranda P. es ingeniero petrolero, fue superintendente de Hidrocarburos.
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