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La Contraloría solicitó que el Comando General de la Policía efectúe una Auditoría Especial en esa dirección, gestión 2006, para establecer indicios de responsabilidad entre los oficiales y personal que participó en ese proceso de contratación que vulneró el ordenamiento jurídico y administrativo vigente. La CGR estableció que existían cuatro empresas que ofrecían los servicios especializados en la elaboración de materiales de seguridad previstos en el Decreto Supremo 28481, por lo que se evidenció que la Dirección al haber contratado a la empresa Jana no cumplió con los procedimientos previstos en el Decreto 27328.

"La Máxima Autoridad Ejecutiva es el único responsable de las contrataciones por excepción según lo previsto por el artículo 72 del Reglamento del Texto Ordenado del Decreto 27328, en este entendido corresponde indicar que no se cumplió lo previsto por los artículos 71, 72 y 73 del reglamento del Texto Ordenado del decreto 27328", señala el informe. ANF