Seis propuestas se discuten actualmente para realizar los cambios a la Ley 1777, del Código de Minería, según un documento oficial al que tuvo acceso La Razón. Mientras, desde Cuba, el ministro de Minería, Guillermo Dalence, reiteró que este año se aplicará una ´agresiva´ política tributaria para esta actividad.
De acuerdo con el documento, se trata de proyectos planteados por la Superintendencia de Minas, por el Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin), por la Federación de Rentistas, por el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq).
Además, está la propuesta de la Comisión Tripartita, conformada por el Gobierno, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin). El sexto planteamiento que es tomado en cuenta en la discusión es la Ley de Concesiones.
El Ejecutivo también modificará el Impuesto Complementario de la Minería (ICM). Sin embargo, un primer proyecto gubernamental halló resistencia en los cooperativistas que, con presiones, lograron frenar su entrega al Legislativo.
Con todo, el Gobierno está decidido a aplicar este año una ´agresiva´ política tributaria en el sector de la minería, según informa la AFP desde Cuba.
´Nosotros tenemos que realizar una agresiva política en la cuestión tributaria y (además) de eso, también estamos en el propósito de reactivar la minería del Estado´, declaró Dalence, que participa en un taller de Integración de la Minería y Geología en el marco de la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba).
Según la AFP, Dalence afirmó que el Gobierno está empeñado en devolver a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) sus atribuciones para participar en toda la cadena productiva.
Cifras
Ventas • En Cuba, Guillermo Dalence dijo que el 2006, las exportaciones mineras bolivianas llegaron a $us 1.000 millones, de los cuales sólo $us 50 millones ingresaron al Estado. Agregó que si el costo de producción es de $us 400 millones, los otros $us 600 millones deberían ser divididos al 50% entre las empresas y el Estado.