La Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) otorgó vehículos, bienes inmuebles y avionetas que generan sospecha por quiénes son sus depositarios.
Por ejemplo, entregó 58 avionetas a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), según el comandante de esta entidad, general Luis Trigo. El 50% de las mismas serán devueltas por orden judicial.
Trigo dijo que “hemos pedido un informe completo sobre las avionetas que Dircabi entregó. Desde la Ley 1008 se registraron 166 aeronaves del narcotráfico, que fueron entregadas algunas a la Fuerza Aérea, otras en proceso de confiscación y otras incautadas. No todas pasaron a la FAB, tenemos 58 aeronaves, nada más. Nos entregaron en custodia”.
Trigo explicó que la mayoría de esas avionetas fueron devueltas, que algunas se accidentaron y otras cumplen servicio en la FAB.
El Decreto Supremo 26143 señala que las aeronaves y embarcaciones que no fueron rematadas deberán pasar a la FAB y la Armada Boliviana, y que la Dircabi sólo podrá usar lo incautado si hay autorización del juez.
Mientras, en Santa Cruz, Dircabi poseía 730 inmuebles incautados, pero actualmente sólo tiene, físicamente, 20, reveló el jefe departamental de Dircabi, Dénver Pedraza, a la brigada parlamentaria cruceña el lunes.
Según El Nuevo Día (Santa Cruz), Pedraza señaló que debido a la corrupción de anteriores directores de bienes incautados, estos inmuebles quedaron en manos de custodios o palos blancos, y en varios casos inscritos en Derechos Reales como propios y en los que aparecen involucrados hasta vocales de la Corte Departamental Electoral.
En La Paz, la Fiscalía informó que el jefe Nacional de Operaciones de Dircabi, Emilio Ojopi, en su declaración, aseguró que el 2006 la ex ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, ordenó la entrega de 60 vehículos incautados para fines sociales para 46 municipios de Cochabamba. Los vehículos estarían en un estado regular y malo, y la devolución de los mismos tendría que ser este año.
La Fiscalía paceña investiga una denuncia interpuesta por el Ministerio de Gobierno contra Wilge Vega, acusado de haberse beneficiado de bienes incautados como un departamento en Miraflores, vehículos y hasta de la venta de sustancias controladas.
Según la normativa, “los bienes consumibles, perecibles, semovientes o susceptibles de disminución de su valor por desactualización tecnológica serán vendidos, según corresponda, mediante venta directa o en pública subasta, sin necesidad del consentimiento del propietario. Esto es para evitar que tanto el Estado como el propietario pierdan.