¿Quién pierde más?
Carlos Miranda Pacheco*

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Ojalá la explicación del anexo F sea satisfactoria y muestre que los intereses nacionales están protegidos...
Desde hace más de un mes están, nuevamente, en el Legislativo para su aprobación, los contratos petroleros que se nos quiso hacer creer se habían firmado el 28 de octubre pasado.

Lo grave es que en la discusión sobre la conveniencia o inconveniencia de los contratos, la polémica quedó centrada sobre el manejo de documentos y procedimientos. Sólo en forma tangencial se ha analizado al contenido mismo de ellos. Para mayor claridad, un intento de explicación.

Todos los contratos son iguales. Documentos extensos, muy bien elaborados y meticulosamente redactados por un bufete estadounidense. Todos tienen siete anexos, desde el A hasta el G. Naturalmente que todos los anexos y el cuerpo principal del contrato forman un todo indisoluble. En estos anexos, están pactados los diferentes aspectos por cada área que los diferencia entre ellos, que han sido negociados caso por caso. Son 44 contratos por 44 áreas. Algunas áreas con una sola empresa, otras con un grupo de ellas. Como las áreas son las mismas de los contratos de riesgo compartido, tenemos por ejemplo que el contrato por el campo San Alberto es celebrado entre YPFB con Andina-Petrobras-Total. En otros, con empresas individualmente. Repito, no hay contratos genéricos por empresa, son contratos por área.

Los anexos A-B-C son de rigor, especificando el nombre de la o las compañías, el área y las garantías de cumplimiento. El anexo E es el programa de exploración que quedó, en muy pocos casos, sin ejecutar en el contrato de riesgo compartido.

Los anexos D-F y G están íntimamente ligados entre sí, siendo el anexo F el corazón del contrato. En ese anexo se pacta, mediante fórmulas que pretenden asustar al no iniciado, cuánto percibirán la empresa y YPFB a lo largo del contrato. Para los cálculos del anexo F, se debe tener pactado el anexo D, que es la lista de los gastos e inversiones que le serán devueltos a la empresa, también a lo largo del contrato. De ahí la pintoresca división entre anexo D-duro, blando, semi-blando. Si se seguía investigando, no hubiera llamado la atención encontrar un anexo D-dietético. El anexo G debe indicar, hasta el día de la protocolización (¿cuándo será?), la suma total invertida y depreciada en el área materia del contrato. Esas cifras deben gozar de la conformidad de YPFB. El monto todavía no depreciado, también será reconocido y acreditado a favor de la empresa en los cálculos del anexo F.

En gran resumen. Del total de ingresos que se obtenga por la producción de un área contratada, el 50% pasa directamente al Estado como regalías, participaciones e IDH, como lo manda la Ley 3058.

El 50% restante será distribuido en este orden de prioridades: los costos reembolsables (anexo D), la participación de la empresa y de YPFB (anexo F). Las inversiones no depreciadas hasta la fecha (anexo G) serán incluidas en los Costos Recuperables. Todo lo anterior, como lo mandan los contratos suscritos el 28 de octubre y días posteriores.

El anexo D ha sido discutido hasta el cansancio. El anexo F, muy apenas. Al escribir estas líneas, me entero que se ha desistido de considerar “secretos profesionales no divulgables”, los criterios utilizados y plasmados en el anexo F de cada contrato. Esa pintoresca calificación de “secreto no divulgable”, que fue esgrimida por las autoridades de YPFB, suena más a no haber entendido lo que los asesores extranjeros elaboraron y les dejaron.

El anexo G podría dar mucho que discutir porque cumpliendo el DS 28701 se realizaron auditorías de todos los campos o áreas bajo contrato, justamente para establecer los montos invertidos y no depreciados. Los resultados de las auditorías que se adelantan en la prensa son preocupantes. Se menciona que existen compañías que han inflado costos y/o deben al Estado centenas de millones de dólares. Esas diferencias, si son reales, dejarían las siguientes alternativas: esas empresas son verdaderas delincuentes o las auditorías son incompetentes. Afortunadamente, los contratos prevén que en 20 días después de su protocolización, la empresa y YPFB “de buena fe y en forma amigable”, resolverán las diferencias.

Gran resumen. El Gobierno ha pagado un precio alto por su incompetencia. Tenía los contratos aprobados, pero estaban equivocados. La oposición ha cumplido su deber con gran placer, un festín en el cual, hasta la fecha, devoró la cabeza del presidente de YPFB. Las compañías, que continúan pagando un 32% adicional (Petrobras-Andina-Total), están desesperadas. Todas están muy nerviosas porque van cinco meses de trámite para protocolizar sus contratos. YPFB, probablemente satisfecho, está recibiendo más o menos 32 millones de dólares mensuales sin hacer nada hasta la protocolización.

Ojalá la explicación del anexo F sea satisfactoria y muestre que los intereses nacionales están protegidos. Caso contrario, podría ocasionar una renegociación de contratos.

¿Cuánto tiempo tomaría? No se sabe, pero el soporte en el cual está la industria petrolera desde el 2003 continuaría y ahora el deterioro es más que evidente, cada día importamos más diesel, el jet fuel escasea, la producción de gas no satisface la demanda, la escasez de GLP es crónica, etc., etc.

¿Quién pierde más? Todos.

*Carlos Miranda P.
es ingeniero petrolero, fue superintendente de Hidrocarburos.