Agobiado por la avalancha de irregularidades —que no delitos— cometidas en la administración del Estado que se le vino encima, y dada la laxitud por la que se desliza la organización que lo sustenta, el MAS, el Presidente tuvo que hacer de tripas corazón y soltar, en un rol que en mi criterio no le correspondía, la instructiva hacia su bloque en la Asamblea Constituyente —entenderlo de otra manera sería pecar de ingenuo— para que en el nuevo texto constitucional se le otorgue la gracia de habilitarlo para reelecciones sucesivas.
Si bien el objetivo de tal imperativo fue el de desviar la atención de la opinión pública sobre los asuntos que afectan la autoproclamada excelsitud del Gobierno, esta vez, a diferencia de otras en las que se aplicó un similar movimiento táctico, no surtió el efecto que seguramente esperaba el interesado; pretencioso sonaría aquel que sostuviera que ésta tomó por sorpresa al ciudadano —o que fue una patada al tablero, como algún titular oficioso (oficialista) quisiera—: el menos avisado de los parroquianos sabe que el principal interés de los gobernantes que promueven asambleas constituyentes es el de garantizar su permanencia ad aeternum en el poder; lo demás son artificios funcionales a dicho propósito.
En rigor, la sociedad en general y la política en particular ya estaban actuando bajo este presupuesto —el de la probable reelección consecutiva, impedida por la actual Constitución—, el mismo que no parece generar demasiada resistencia, de modo que el impacto del mandamiento no alcanzó para tapar la olla de grillos en que se ha convertido la gestión Morales, gestión por demás sui generis según veremos a continuación, atendiendo a la propia orden que el Presidente da a la Asamblea.
En condiciones menos apremiantes, el sentido de la figura hubiera sido el contrario, dado su carácter populista, y Morales es un populista de cuerpo entero, o sea que el MAS instruyese a los movimientos tradicionales a “solicitar” a los asambleístas la reelección y al Presidente aceptando “humildemente” la fina atención, cuando todos sabemos, así algunos se hagan a los desentendidos, que el Gobierno tiene redactado hace meses un proyecto de Constitución, elaborado con asesores españoles, venezolanos y cubanos, en el que, ¡vaya coincidencia!, está el asunto de la reelección. Lo único que hace la instrucción presidencial es corroborar la injerencia del Ejecutivo en la dichosa Constituyente.
La institución de la reelección, al estilo EEUU por ejemplo, no debería asustar a nadie; que aquel mandatario que a juicio del electorado lo hizo bien sea premiado con un nuevo periodo es sensato, como sensato es evitar el caudillismo. Y es en este punto que las huestes de SE muestran la hilacha: De cara a la reelección, sostienen, esta gestión de Morales no cuenta. O sea que Evo Morales no ha recibido un mandato del electorado, sino una especie de beca/trabajo de tres años en el más alto cargo pagada por los ciudadanos y con licencia para acometer chapucerías. Cuidado con este argumento; si en el “nuevo Estado” no cuentan los actos del “viejo Estado”, asuntos como el juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada tampoco tendrían que contar.
*Puka Reyesvilla es docente universitario.
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