La Constitución Política del Estado vigente dice que todos los ciudadanos tienen derecho al trabajo, a dedicarse al comercio, a la industria o a cualquier otra actividad lícita, así como a recibir una remuneración justa que les asegure una existencia digna.
Por tanto, el problema no radica en el texto constitucional, sino en la capacidad del Estado para generar empleo, tarea que no ha sido cumplida eficientemente desde hace muchos años, lo que ha ocasionado que nuestra gente inicie una migración ya convertida en éxodo. Las familias bolivianas se están destruyendo y sufren verdaderos dramas porque algunos de sus miembros tienen que arriesgarse viajando a tierras desconocidas, a cumplir labores muchas veces denigrantes, tratando de convencerse a sí mismos de que el trabajo honrado no denigra, lo que en estos casos es más consuelo que evidencia.
La única forma de luchar contra la pobreza y contra el desempleo es generando riqueza, que se logra mediante la inversión pública y privada. Ambas dependen de un clima de estabilidad social y de seguridad jurídica.
El hecho de tener recursos naturales, como los minerales y el gas en el caso de Bolivia, es por supuesto una bendición, pero la realidad demuestra que es el avance tecnológico el que permite generar valor agregado. Mientras continuemos como exportadores de materias primas, no saldremos de la pobreza.
Lo malo es que todo el mundo está de acuerdo con esta realidad, pero no se actúa en consecuencia. El desempleado se ha visto frente a dos opciones: o se va a un futuro incierto y lleno de riesgos, o se afilia en un partido político que tiene cierta posibilidad de ofrecer trabajo en el sector público.
La situación actual podrá atenuarse si, como se afirma, la inversión pública llega este año a más de 1.100 millones de dólares, la que ciertamente tiene que impactar en el empleo. Aunque las estadísticas son todavía poco confiables en Bolivia, se atribuye al sector microempresarial un 80% de los empleos que se generan, por lo que el Gobierno ha lanzado el Banco de Desarrollo Productivo que principalmente, aunque no exclusivamente, financiará a la microempresa, la que como la mediana y la grande, requiere de condiciones de seguridad para crecer y desarrollarse, condiciones que dependen de la actitud del Gobierno. El derecho al trabajo está ligado con el derecho a la vida, ambos garantizados por la actual Constitución, cuyo texto tiene más necesidad de ser cumplido y respetado, que cambiado. Los esfuerzos para lograr que la gente tenga trabajo, será lo mejor que puedan hacer los sectores público y privado para alcanzar la ansiada paz y unión entre bolivianos.
*Gastón Solares Á. es empresario.
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