Los contratos a largo plazo
Horst Grebe López*

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Cada industria tiene diferentes horizontes de gestión. El lapso entre la adopción de una decisión estratégica, la ejecución de las inversiones correspondientes y la administración del negocio hasta su agotamiento, puede variar entre un año y varias décadas. Así, por ejemplo, el ciclo de la agricultura es relativamente corto en comparación con las actividades manufactureras; los hidrocarburos por su parte se incluyen entre las actividades de ciclo más largo, y es por eso que los contratos en este ámbito suelen durar de dos a cuatro décadas.

Tales consideraciones no parecen estar siendo tomadas en cuenta en la reformulación de las relaciones del Estado boliviano con las empresas petroleras. Contratos destinados a normar un relacionamiento de varias décadas, están siendo tratados por unos y otros como materia de las querellas políticas domésticas o, en el mejor de los casos, con el objetivo limitado de mostrar incrementos a corto plazo de la recaudación fiscal, que no revelan el reparto verdadero del excedente entre el Estado y las empresas a lo largo de todo el ciclo de vigencia de los contratos. Esto pone de manifiesto una profunda asimetría entre los respectivos horizontes de visibilidad que adoptan los protagonistas por el lado boliviano y los representantes de las empresas al otro lado de la mesa, y es ilustrativo además de la enorme fragilidad institucional que caracteriza al Estado boliviano en estos momentos.

Las diferencias entre las capacidades negociadoras subjetivas de las empresas y del país son de suyo enormes y no hay para qué abundar en ellas en este momento. Eso no obsta sin embargo para que el país intente nivelar la situación a partir del ejercicio eficaz de su condición de actor soberano frente a actores privados por más poderosos que sean éstos. Pero a la hora de las negociaciones concretas, la representación de los intereses nacionales se ejerce por personas situadas, vale decir, individuos dotados de determinados atributos profesionales y morales, y además ubicados dentro de un determinado contexto institucional.

La conclusión lógica de todo esto consiste en preocuparnos de adoptar más pronto que tarde una estrategia de largo plazo para el fortalecimiento del sector de hidrocarburos, puesto que es de lejos el área gubernamental donde ha ocurrido la mayor rotación de autoridades en los siete años pasados. A estos efectos habría que pensar en una política de Estado de tipo integral, acordada entre las diferentes fuerzas políticas y los actores públicos que corresponda, con miras a destinar a largo plazo todos los recursos que fueren necesarios para el potenciamiento del nuevo sector estatal de hidrocarburos, donde YPFB es una de las piezas centrales pero obviamente no la única.

Conviene tener en cuenta en efecto que la entrada en vigencia legal y efectiva de los nuevos contratos con las empresas petroleras no es el final de la renegociación de los términos de su presencia en el país; se trata en verdad apenas del primer paso de una larga trayectoria que tendrá que administrarse día a día y tomando en cuenta las diferentes coyunturas de precios y mercados que se presentarán con seguridad en el futuro en la industria mundial de la energía y sus entrelazamientos geopolíticos y ambientales.

Es por tanto con mirada en el horizonte largo que tiene que abordarse la construcción de la institucionalidad del sector de hidro- carburos, lo que incluye, por cierto, la formación de varias generaciones de profesionales idóneos para el sector público.

*Horst Grebe L.
es economista.