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El canciller David Choquehuanca anunció esa medida en una conferencia de prensa en la ciudad de La Paz. Indicó que desde Bolivia no se puede hacer más que pedir que se los trate como seres humanos. “Pediremos que se respete sus derechos, pero somos respetuosos de las normas de Europa", declaró.

Por su lado, el defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, cuestionó la labor de la Superintendencia de Transportes. “No se trata de dar multas. Pero se está multando a una entidad insolvente. La principal preocupación de estos seres humanos que están durmiendo en los aeropuertos es llegar a su destino después de haber pagado su pasaje de muy buena fe”, aseveró.

Agregó que “es obligación del Estado garantizar que las instituciones públicas o privadas de transporte cumplan con la obligación de efectivizar el servicio".

El viceministro de Transportes, José Kinn, anunció que el Poder Ejecutivo mediará en este conflicto privado haciendo que el LAB devuelva el dinero a cientos de bolivianos que no pudieron viajar a España. El monto global llegaría a $us 2,4 millones.