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Los países europeos vinculados al acuerdo de Schengen para la otorgación de visados han decidido solicitar visa de entrada a los ciudadanos bolivianos a partir del 1 de abril del presente año. Este cambio en cuanto a los requerimientos de ingreso para los bolivianos surge a partir de una demanda de España para tratar de evitar o controlar la masiva migración que se ha dado durante los últimos dos años desde Bolivia. Esta situación, completamente comprensible desde la óptica de las políticas exterior y de seguridad nacional de España, cuenta con diferentes aristas e implicaciones para Bolivia. Por una parte, muestra una constante en el comportamiento gubernamental por minimizar el hecho; y por otra, las contradicciones en la política exterior del gobierno del Presidente Morales.

Los volúmenes de migración alcanzados en los últimos años hacia España han alcanzado proporciones escandalosas. Esta situación se encuentra ilustrada por algunas estimaciones que indican que los bolivianos se han constituido en la tercera población de España en importancia numérica, por detrás de ecuatorianos y colombianos, pero con una tasa de crecimiento migratorio que puede situarlos en el segundo puesto en el futuro cercano.

Este importante proceso migratorio, y que no se ve influenciado por ninguna situación bélica, se explica principalmente por la pobreza y ausencia de oportunidades laborales en el país. Consecuentemente, España se constituye en el principal receptor de la migración porque cuenta con tres características críticas: i) idéntico idioma, que permite una inmediata adaptación; ii) cultura similar, que en muchos casos ha determinado patrones culturales en Bolivia; y iii) la mejoría económica y social muy importantes en España en las últimas décadas, que generan la expectativa de amplias oportunidades de empleo y movilidad social para quienes en Bolivia no las encuentran. El gobierno español, identificando la magnitud e implicancias de la migración desde Bolivia, ha generado coherentemente una política de legalización de migrantes bolivianos residentes en su territorio; sin embargo, esto también ha fortalecido su posición institucional en cuanto el establecimiento de restricciones migratorias (visa) a partir de abril.

Las consecuencias para el país y para su política exterior tienen que ver con, al menos, tres aspectos:

Primero, más allá del derecho de un país para formular sus propias políticas, existe una realidad económica nacional que el gobierno de Morales no puede ignorar al argüir que España es soberano al cambiar las reglas del juego de la migración a su territorio. Pensar que el cambio en la regulación migratoria detendrá el proceso es simplemente una visión cortoplacista y hasta inocente, pues las experiencias de México y EEUU; España y África, o EEUU y Vietnam ilustran todo lo contrario. Consecuentemente, se puede esperar que los problemas migratorios empeoren en términos cualitativos más que cuantitativos; es decir, que el endurecimiento de la política migratoria española genere: a) incremento de actores vinculados a los sistemas de migración ilegal, b) incremento de los costos migratorios (empobreciendo aún más a los migrantes a España), c) incremento de las probabilidades de muerte durante el proceso migratorio, y d) incremento de problemas psicológicos asociados a la aceptación social en condición de migrante (desvalorización de la cultura y origen del migrante o incremento en la violencia, segregación y racismo en la población receptora).

Cualquier grupo de países con este problema, tienen el deber ético de generar las mejores condiciones para atacar el problema, evitando que el mayor damnificado en sus derechos humanos sea el migrante.

España, así como otros países europeos, deben entender que estos desequilibrios económicos y procesos potenciales de migración, son una de las consecuencias de los subsidios utilizados para mejorar rápidamente las condiciones de convergencia (económicas, sociales y políticas) de un país que se incorpora a la UE.

Segundo, existen razones históricas que hacen que la relación entre Bolivia y España no sea común; demandando por lo tanto, que los cambios en la política migratoria deban ser cuidadosamente analizados. Las relaciones bilaterales no se construyen sobre la base de hechos coyunturales sino más bien sobre relaciones históricas sean económicas, sociales o políticas. Asimismo, se determinan también en base a la acumulación de acciones y hechos pasados y consideraciones morales y éticas entre los países. Estos hechos no se constituyen en restricciones pero se toman en cuenta para mantener relaciones diplomáticas estables y cordiales; tal y como sucedió entre Chile e Inglaterra cuando el Juez Garzón generó la detención de Pinochet en ese país. Existe un fuerte lazo entre España y Bolivia vinculado a la colonia, pero también no se encuentra muy distante el periodo en el cual América se constituyó en el objetivo de una intensa migración española que huía de la guerra civil, la pobreza y la hambruna. Esta migración no fue muy diferente a la actual en términos de las capacidades técnicas y educativas de los migrantes; sin embargo, las condiciones económicas favorables del Continente respecto de España permitieron asumir el desafió y asimilar importantes volúmenes de migrantes, independientemente de sus potenciales beneficios o problemas. Bolivia, fue uno de los países que no solo recibió solidariamente migrantes españoles, sino que también apoyo de forma importante la capacidad alimentaria de España durante y luego de la guerra civil a través del envió de alimentos.

Tercero, si bien los dos primeros puntos explican algunas consideraciones que demandan una seria atención de parte del gobierno al tema migratorio con España; también permite ilustrar algunas de las contradicciones más obvias de la política exterior nacional. La gestión de gobierno del Presidente Morales ha reaccionado al visado para España mencionando que “…los verdaderos turistas no deberían tener problemas para obtener la visa”, ignorando por completo las implicancias económicas y sociales de este cambio en la política migratoria española. También ignora por completo consideraciones que hacen a esta política muy espinosa en cuanto a los precedentes políticos y de gestión en relación a los Estados Unidos de Norte América. ¿La solicitud de visado para los ciudadanos estadounidenses no fue un requerimiento del gobierno de Morales que pretendía lograr reciprocidad y soberanía nacional? ¿Por qué este mismo argumento no se hace extensible en su validez a países como México, España u otros pertenecientes al acuerdo de Schengen, que como EEUU también solicitan visa a los ciudadanos bolivianos? El doble discurso y posición del gobierno boliviano no sólo ilustra la incoherencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos; sino que también, demuestra que el discurso y planteamientos emitidos a los EEUU respecto a la visa para entrar en territorio boliviano eran simple “demagogia” o inmadurez diplomática.

Parece que ya es tiempo de que el gobierno entienda que la soberanía y la autoestima que pretenden otorgarle al país (algo positivo y con lo que muchos bolivianos están de acuerdo) no será resultado de los discursos y los gestos simbólicos; sino que, será consecuencia de la formulación e implementación de políticas coherentes y consecuentes.

De Beta Gamma S.A.
para Tiempo Político.