Prioridades de inversión
Jorge Gottret Siles*

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Para poder alcanzar las metas de desarrollo y de lucha contra la pobreza, el país debe fijar prioridades sobre las inversiones que se pueden realizar, pues los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas.

El país debe invertir en educación, salud e infraestructura, que normalmente son responsabilidad del Estado y también necesita inversiones productivas para producir bienes y servicios que la población necesita y demanda y que son las que crean riqueza y empleo sostenible. Éstas son el rol de la iniciativa privada.

Está claro que la política del actual Gobierno es ampliar la participación del Estado más allá de sus ámbitos básicos de acción y su visión es lograr el control de los medios de producción y la hegemonía del Estado en la economía.

Sin embargo, en un país de escasos recursos como Bolivia, ¿es esto viable?, ¿puede el Estado hacerlo todo?, ¿puede construir carreteras y escuelas y a la vez invertir en empresas productivas o de tecnología de punta?, ¿tiene el país los suficientes recursos?

¿Vale la pena invertir en actividades y sectores de la economía en los que la iniciativa privada está dispuesta a hacerlo?; y además ¿tiene el Estado la capacidad para administrar y gestionar eficientemente empresas productivas?

Estas preguntas surgen a raíz de la amenaza de nacionalización de Entel. El valor aproximado que se tendría que pagar por comprar las acciones que otorguen el control al Estado, es superior a los $us 300 MM. Si el Estado tiene estos fondos, ¿cuántos ítems de educación o salud se podrían tener con estos recursos o cuantos kilómetros de caminos, hospitales y escuelas se podrían construir? Bajo la actual administración de Entel se ha invertido permanentemente en tecnología de punta, y la calidad y diversidad de servicios que ofrece son competitivas con aquellas de los países más avanzados. Durante los 10 años de administración ha logrado ampliar la cobertura de comunicaciones más allá de lo que se podía esperar. En un sector tan dinámico como el de telecomunicaciones se requiere renovación constante de equipos y de tecnología que demandan inversiones continuas. Una empresa transnacional tiene mucho más facilidad y capacidad de acceso a recursos y a la tecnología, pues es parte de su giro de negocio.

Lo más desalentador es que, a pesar de que inicialmente se anunció una negociación amistosa, la medida es eminentemente política y tiene ya mensajes y acciones coercitivas y de presión. Como en las anteriores nacionalizaciones, se muestra al mundo la falta de seguridad jurídica, aversión a la inversión y acciones más políticas que racionales y consecuentemente tendrá efectos perjudiciales en el ya negativo clima de inversiones que tiene el país. Es una gota más en el proceso de ahuyentar inversiones, y el daño en este sentido ya está hecho.

Por otro lado, la experiencia histórica en Bolivia nos ha mostrado que las empresas estatales terminan convirtiéndose en botines políticos, no son las más eficientes y, por el contrario, terminan absorbiendo mayores recursos del Estado y a su vez prestan servicios ineficientes y de baja calidad. Esto está siendo confirmado con la reciente experiencia de YPFB y la nacionalizada empresa Vinto.

Además de Entel, el actual Gobierno con su política nacionalizadora está utilizando recursos para pagar las acciones de Aguas del Illimani y crear una empresa estatal del agua; creó la empresa estatal de la coca con $us 1 MM proveniente de Venezuela; ha anunciado que se invertirá $us 10 MM o más en Vinto y lo más probable es que termine pagando una indemnización a Glencore. Siguen sumando los caminos y escuelas que no pueden ser construidos.

También es importante que el país priorice qué es lo que se espera de las inversiones productivas. Si es la creación de empleo, la transferencia de tecnología, generación de exportaciones, provisión de servicios o explotación de recursos naturales. Lamentablemente, las políticas nacionales han llevado al país a priorizar la inversión en la explotación de recursos naturales no renovables, como hidrocarburos y minería, que son importantes por la generación de ingresos pero en el largo plazo tienen un efecto adverso, pues los precios de las materias primas son muy volátiles, son intensivos en capital, generando muy poco empleo y los ingresos para el productor son normalmente apenas un reducido porcentaje de los bienes finales en los países industrializados.

Si el sector privado, nacional o extranjero, es capaz de proveer bienes y servicios eficientemente, el Estado no necesita distraer recursos. La inversión privada permite liberar escasos recursos para destinarlos a inversión social y de infraestructura. Países con gobiernos socialistas exitosos en luchar contra la pobreza, como Chile, Brasil y China, han permitido que la inversión privada asuma esas inversiones y utilizan los recursos en programas sociales masivos. En el largo plazo esto es lo que genera más réditos políticos que estatizar empresas que no es necesario, sino perjudicial y dañino para el país y el ciudadano.

Las nacionalizaciones, principalmente aquellas que generan confrontación, tienen un impacto en ciertos sectores de la población que genera réditos políticos. Sin embargo, ¿la población está consciente de las consecuencias y de las alternativas al uso de sus recursos? Tal vez sería interesante dada la fiebre de consultas que hay en el país, el someter las nacionalizaciones a un referéndum, mostrando a la población, con honestidad y seriedad, un detalle exacto de lo que éstas significan y cuestan. Que la población elija si quiere una empresa estatal de telecomunicaciones o prefiere una red de carreteras o escuelas; que elija si prefiere una empresa privada que presta servicios eficientes a precios competitivos o prefiere una empresa estatal con deficiencias en sus servicios, como la distribución de gas de YPFB; si está dispuesta en el futuro a destinar recursos para mantener el servicio de telefonía o prefiere que un privado lo haga en su lugar.

*Jorge Gottret Siles
es economista.